Morelia, Mich.

El Congreso local aprobó dos puntos de acuerdo por los cuales solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) se desista de la acción penal contra José Manuel Mireles Valverde, uno de los líderes de las autodefensas del estado, y trasladarlo de la cárcel de Hermosillo, Sonora, a un penal michoacano donde tenga mejores condiciones de salud y por razones humanitarias.

En sesión ordinaria, los diputados Pascual Sigala Páez, coordinador del PRD, y Daniel Moncada Sánchez, de Movimiento Ciudadano, presentaron un punto de acuerdo al que se sumaron los otros 38 porque consideraron que cumplir esos puntos sería un acto de justicia para Mireles, encarcelado desde junio de 2014. También se instó a las legislaturas de los estados a que se adhieran a la propuesta.

Sigala Páez señaló que en Michoacán se vivió una pesadilla de inseguridad e inestabilidad que se agravó de 2011 a 2014, afectando la vida y patrimonio de los michoacanos, ya que los tres órdenes de gobierno dejaron diferentes regiones a merced de grupos delictivos, lo que les impidió una vida digna, libre y en paz.

Relativa paz en el estado

Moncada indicó que Michoacán se encuentra en relativa paz, gracias a que hace tres años personas libres se organizaron para defender su vida, patrimonio y familia frente a la delincuencia, grupos de autodefensa reconocidos y avalados por el gobierno federal, mediante la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.

El representante pidió la liberación de Mireles, y de 300 autodefensas que viven situaciones similares, además de juntos construir una agenda de paz y perdón para Michoacán.

Ignacio Mendoza Jiménez, abogado de Mireles, dijo que sería un hecho histórico si los congresos locales de todo el país respaldan la solicitud del Congreso local.

Comentó que el Poder Legislativo de Michoacán finalmente reconoció que el ex líder de los grupos de autodefensa es un preso político, al encabezar un movimiento legítimo de autodefensa, cuando el Estado no fue capaz de brindar seguridad.

La posición del Congreso es positiva e importante, porque finalmente se dio cuenta de que el estado vive una etapa histórica por el surgimiento de grupos de autodefensa que aún no concluye. Es evidente que deberían ser otros los actores políticos los que deberían ser procesados, como el ex comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo.

Comentó que la próxima semana presentará ante la PGR el recurso de desvanecimiento de datos, para que se desista de la acusación. Se trata de continuar con el recurso jurídico, aunque todos sabemos que se trata de un caso político, dijo.