Los padres de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arrendondo Verdugo –estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), asesinados por militares el 19 de marzo de 2010, en Monterrey, Nuevo León– exigieron ser recibidos por la procuradora general de la República, Arely Gómez González, para que les explique por qué no han consignado el expediente contra los soldados que privaron de la vida a los dos jóvenes.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de Amnistía Internacional sección México, los padres revelaron que los dos jóvenes fueron arrastrados por los militares fuera de las instalaciones del Itesm y luego los ejecutaron y alteraron la escena del crimen para dar la impresión de que se trataba de sicarios, pues les colocaron armas que ellos no portaban.

Durante la conferencia se dio a conocer que el subprocurador Gilberto Higuera Bernal se comprometió a consignar el expediente entre el 29 de febrero y el pasado 4 de marzo; sin embargo, el agente del Ministerio Público encargado del caso llamó a los familiares de las víctimas para señalarles que se cancelaba la consignación sin dar mayores explicaciones de por qué se tomó esa decisión.

Rosa Elvia Mercado Alonso, Jesús Arredondo Rodríguez, Patricia Varela González, Lorenzo Medina Salazar, familiares de los dos estudiantes del Itesm, señalaron que Higuera Bernal había estado en contacto permanente con ellos y se había comprometido a consignar el expediente; incluso les proporcionó su teléfono personal para resolver dudas sobre la integración del expediente, pero una vez que se les notificó que se cancelaba la consignación el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo ya no les ha tomado la llamada ni ha respondido ningún mensaje.

El 19 de marzo de 2010 Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arrendondo fueron muertos por un comando del Ejército Mexicano durante un presunto enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, y oficialmente se mencionó que los dos jóvenes fueron abatidos al enfrentarse con los militares; sin embargo, se demostró que los estudiantes fueron masacrados y los militares les dispararon, a pesar de que se habían identificado como estudiantes.

A seis años de los hechos, los padres de las víctimas demandan la consignación del expediente y que los ocho militares que integraban el comando sean puestos a disposición de un juez federal; asimismo exigen que las autoridades limpien los nombres de Jorge y Javier tanto a través de los medios de comunicación como en instancias oficiales; y que se reconozca y erradique el comportamiento reiterado de la Secretaría de la Defensa Nacional de inculpar falsamente a las víctimas de la violencia de formar parte de la delincuencia organizada.