Marcelino Mejía García cree que habla “un español cuatrapeado”. No se percata, pero se expresa bien en ese idioma; quizá no tanto como en el mixteco materno. Toma clases en el penal de Juquila, Oaxaca, donde está recluido desde hace siete años por delitos de los que apenas comienza a conocer, pues no comprendía completamente el castellano, así que no supo de qué lo acusaban, y tras soportar toques eléctricos en los testículos aceptó firmar una hoja en blanco que lo podría tener 30 años encarcelado.

En México hay cerca de 10 mil indígenas presos; 40 por ciento no cometieron las faltas que les fincan y sólo 15 por ciento han tenido un traductor, sostiene el constitucionalista Martín Rodríguez Arellano. En tres meses el nuevo sistema de justicia oral deberá operar en todo el país, y mientras se avanza para ponerlo en práctica los intérpretes de lenguas originarias están en el olvido. Hacen falta muchos más, y a los que están no les pagan, añade el abogado Tomás López Sarabia.

Rodríguez Arellano, desde la Ciudad de México, con la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli), y López Sarabia, en Oaxaca con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), coinciden en que la reforma penal de 2008 ayudará a transparentar los procesos.

Sin embargo, con pocos intérpretes profesionalizados y autoridades de procuración de justicia insensibles a las particularidades de los acusados, tardaremos unos 10 años para que este nuevo sistema acusatorio los beneficie realmente, dice Rodríguez.

Firmó una hoja en blanco

Marcelino tenía 28 años cuando lo capturaron. Ahora, a los 35, su voz parece la de alguien mucho, mucho mayor. Vía telefónica desde la cárcel de Juquila cuenta que en mayo de 2009, en Pinotepa Nacional, lo detuvieron policías municipales. Me decían cosas que no entendí; entonces estaba peor que ahora.

Venía de trabajar en la milpa de su mamá y lo llevaron al Ministerio Público. Ahí me entregaron con otros que me golpearon. Estuve un rato inconsciente y cuando recordé (desperté) fue porque me ponían alcohol o algo así en la boca.

En esas condiciones firmó esa hoja blanca que ahora es una confesión de asesinato. Pero tuvo una oportunidad para evitarlo: darles dinero. Sin embargo, apenas ganaba para comer con mi familia, ¿de dónde iba a yo a agarrar? Estuvo sin abogado hasta después de que lo sentenciaron a 30 años. Luego, Gerardo Martínez Ortega, del Cepiadet, tomó su caso.

Ya ganaron un amparo para reponer el proceso, pues no tuvo traductor; no se asentó que es indígena, en la supuesta declaración se reconoce que no sabe leer ni escribir y claro, fue torturado, explica Martínez Ortega.

Existe un Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores, integrado por más de 600 expertos, al que se puede recurrir para solicitar uno, pero no hay presupuesto para trasladarlos a donde los necesitan ni para pagarles sus honorarios, que se deben cubrir del erario, lamenta Tomás López.

En Oaxaca, la entidad donde hay más hablantes de lengua materna, hay un déficit de 70 por ciento de estos especialistas para cubrir las 176 variantes lingüísticas. Por cada diligencia deben percibir mil 100 pesos, más los viáticos, pero a muchos les dan 500, 200 pesos, afirma. En 2012, 91 por ciento de los acusados no había contado con asistencia lingüística.

Ser traductor no es fácil. No es trasladar un término de una lengua a otra. No sólo deben hablar perfectamente su idioma y el castellano, deben conocer la cultura de quien van a asistir y hacer una interpretación jurídica.

En Otigli llevan 15 años preparándolos en cultura indígena, lingüística y leyes. Ahora incluimos el sistema acusatorio adversarial. Es difícil porque algunos tienen hasta doctorado, pero otros apenas la primaria, señala Ramírez Arellano. Con sede en la capital del país, la organización abarca 36 lenguas, las principales son mazateca, tzeltal, nahua, mixteca, zapoteca y tzotzil.

Hay presos indígenas por delitos de hambre, como robarse un pan o un queso. Otros por crímenes relacionados con las drogas, sobre todo en los estados, les piden transportar un paquete sin que sepan qué llevan.

Marcelino Mejía espera salir libre para rencontrarse con su hijo de nueve años. Con su esposa ya no: ahora ella trabaja y mantiene a mi hijo. Decidió rehacer su vida, por lo mismo de la situación económica y todo eso. No hay cómo.