La Comisión de Justicia del Senado acordó por unanimidad solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado sobre las averiguaciones previas iniciadas por desaparición forzada de personas, el cual deberá incluir el estado procesal que guardan y en que entidad federativa se cometió dicho delito.

De igual forma, los integrantes de esa comisión aprobaron pedir al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un reporte respecto del avance en la integración del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con información detallada por entidad.

Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD manifestaron, en la reunión de trabajo de esa comisión, que la información que les proporcione la PGR se integrará a la exposición de motivos de la ley general de desaparición forzada de personas que se elabora, la cual deberá estar aprobada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de abril.

El senador panista Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó: tenemos una responsabilidad muy importante, la de generar un sistema nacional de búsqueda confiable, como lo han estado exigiendo en las audiencias públicas los familiares de personas que han sido desaparecidas por autoridades o por grupos de la delincuencia organizada.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, señaló que a pesar de los esfuerzos y los avances para tipificar y sancionar adecuadamente los delitos de desaparición forzada y desapaarición entre particulares, el Congreso de la Unión continúa en deuda con la sociedad y con los miles de familiares que buscan a sus seres queridos.

En la reunión de la Comisión de Justicia añadió que la problemática es estructural y se mantiene debido a la impunidad. Por ello, insistió, es necesario establecer un protocolo de búsqueda de las personas reportadas desaparecidas, y el desarrollo de las capacidades para un adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas.

La priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, refirió que tanto el Senado como la Presidencia de la República han llevado a cabo audiencias públicas sobre desaparición forzada, como herramienta de apoyo para legislar en la materia.

Expuso que la Ley General de Víctimas debe ser reformada, ya que actualmente no ha sido de ayuda para los familiares de los afectados; más bien les representa obstáculos o barreras. Digo que casi hay que reponerla.