Río de Janeiro.

El ministro de Justicia de Brasil, Eugênio Aragão, anunció ayer que retirará a los policías que trabajan en las investigaciones del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, si se producen nuevas filtraciones a la prensa. Aclaró que para ello no necesita pruebas, sino indicios.

Las filtraciones a la prensa han sido constantes desde que la policía federal comenzó las investigaciones del caso Lava jato, hace dos años, con el descubrimiento de una red que desviaba miles de millones de dólares de la mayor empresa de Brasil.

Aragão, quien asumió el cargo el lunes pasado, afirmó al diario Folha de São Paulo que de ningún modo quiere obstaculizar las investigaciones y no dispone de esa prerrogativa, pero no se puede tolerar que haya filtraciones selectivas, porque éstas contribuyen a politizar el proceso judicial. El gobierno ha protestado al señalar que todas afectan a diputados oficialistas y nunca a los de la oposición.

Por otro lado, el gobierno anunció en un comunicado que presentará una demanda judicial contra el senador Delcidio do Amaral, quien implicó a la presidenta Dilma Rousseff en el megafraude contra Petrobras, por declaraciones calumniosas y difamatorias.

En una entrevista publicada por el semanario Veja, afirmó que la presidenta y su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, conocían las irregularidades e intentaron bloquear la investigación de los fiscales. Explicó que las campañas presidenciales de Rousseff en 2010 y 2014 fueron financiadas con fondos provenientes del esquema de corrupción.

Según el senador, Lula negoció el nombramiento de los directores de Petrobras en nombre de los partidos políticos y estaba consciente de que los partidos utilizaron su influencia en la empresa para financiar las campañas mediante sobornos. Dilma heredó y se benefició del esquema que financió sus campañas políticas, agregó.

Amaral era el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado y aliado de Rousseff, hasta que fue detenido en noviembre pasado por cargos de intentar sobornar a un ex ejecutivo de Petrobras a cambio de su silencio en la pesquisa. El legislador abandonó el partido esta semana tras aceptar un acuerdo de culpabilidad, uno de varios tratos ofrecidos por los fiscales para avanzar en su indagación.

Un centenar de manifestantes opositores volvieron, después de la marcha oficialista del viernes, a instalarse en el centro de Sao Paulo, con la intención de permanecer allí hasta obtener la renuncia de la presidenta.

Por la tarde se dio a conocer la encuesta Datafolha, la cual mostró que 68 por ciento de brasileños está en favor de un juicio político contra Rousseff y que 65 por ciento cree que debe renunciar.

La popularidad de Rousseff también bajó: 69 por ciento de encuestados calificó al gobierno negativamente.