Puerto Vallarta, Jal.

El cabildo de este puerto aprobó desincorporar el edificio de seis pisos de la unidad administrativa municipal (UMA) para entregarlo en pago de deuda al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) por las aportaciones de más de 2 mil trabajadores, con lo cual abona cien millones de pesos de los 264 del adeudo.

El Ipejal aceptó las instalaciones de la UMA –que concentra más de 70 por ciento de las oficinas municipales–, en 170 millones de pesos: cien millones se abonan a la deuda y los 70 restantes a remanentes como pago por adelantado de tres años de renta del edificio, a fin de que no convertirlo en elefante blanco.

El edificio fue construido en la administración antepasada de Salvador González Reséndiz (actual subsecretario de gobierno de Jalisco), y la deuda con el Ipejal se agudizó en el pasado gobierno municipal de Ramón Demetrio Guerrero –hoy diputado local–, quien retuvo las aportaciones de cientos de trabajadores y no informó sobre el destino de esos recursos.

En años pasados, trabajadores se quejaron de carecer de los beneficios del Ipejal, entre ellos préstamos personales y de vivienda, y la mayoría aparecieron en el buró de crédito, por lo que no accedieron a préstamos personales. Otros pidieron financiamiento o buscaron otro empleo para afrontar los pagos de vivienda con esa dependencia y abonar por su cuenta.

El alcalde Arturo Dávalos Peña, de Movimiento Ciudadano, afirmó que con esta medida se cumple un convenio que data de tres administraciones anteriores. El edificio costó unos 120 millones de pesos, y cuando al ex edil González Reséndiz se le acabó el dinero, pagó con el primer piso y parte del cuarto a constructoras.

Borge Angulo pretende vender hospital, acusa ex edil

En Quintana Roo, el ex alcalde de Benito Juárez Julián Javier Ricalde Magaña denunció que el gobernador Roberto Borge Angulo envió al Congreso local una iniciativa de decreto para desincorporar del dominio público el predio que ha albergado al Hospital de Isla Mujeres por más de dos décadas.

Dijo que es el primer paso para que el gobierno estatal pueda vender esa propiedad. La iniciativa pretende cambiar el estatus del predio –una superficie de 2 mil 856 metros cuadrados ubicada en el centro de la ínsula– para que sea de dominio privado. En el terreno opera un nosocomio del sector salud de Quintana Roo desde hace 24 años.