Cuernavaca, Mor.

Descalificar el trabajo de los defensores civiles de derechos humanos, así como a los organismos e instancias nacionales e internacionales, no contribuye a la solución de los problemas que enfrenta el país en esta materia, sino además distrae la atención de vigilar que la autoridad haga bien su trabajo, conforme a derecho y respetando la dignidad de las personas, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al atestiguar la firma de convenios entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos con los presidentes municipales de la entidad, el ombdusman nacional señaló que la corrupción y la impunidad, entre otros factores, han provocado indignación y un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones, de fractura al estado de derecho, así como una percepción de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad, lo cual genera desencanto.

Reconoció que la ruta de la cultura de respeto a los derechos humanos que ha seguido nuestro país ha sido muy compleja. Dijo que el respeto a estas garantías ha pasado por dolorosos acontecimientos que desde hace años se han presentado.

Mencionó como causas la pobreza, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades, y otros problemas que enfrentan amplios sectores de nuestra población, lo que propició el desarrollo de actividades ilícitas que han afectado la seguridad y tranquilidad destruyendo el tejido social en diversas zonas.

En el acto, realizado en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, González Pérez advirtió que no es suficiente proclamar los derechos en el marco normativo, ya que se requiere, además, garantizar su vigencia y eficacia en la realidad mediante el cumplimiento de las leyes.

Ya en entrevista, el ombudsman nacional aseguró que cualquier modelo policial que aprueben los integrantes del Congreso de la Unión, ya sea mando único o mixto, tiene que atender primero que el binomio seguridad y derechos humanos sea compatible. Es decir, dijo, que haya policías capacitados, profesionales, que haya sistemas de inteligencia y que el límite de la actuación sea el respeto a los derechos humanos.