Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil salieron en defensa del relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, ante acusaciones ‘‘infundadas’’ de que desde su cargo facilita cosas a una red de corrupción que usa los derechos humanos para liberar delincuentes.

Señalaron que estas ‘‘aseveraciones gratuitas’’ por parte de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, distraen la atención sobre la discusión esencial en México, un país con importantes e impostergables retos en materia de derechos humanos para todas las personas, especialmente las víctimas.

En un pronunciamiento colectivo, casi medio centenar de organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fundar, Fundación Don Sergio, Observatorio Nacional del Feminicidio y Cauce Ciudadano, entre otras, además de una veintena de activistas e investigadores en derechos humanos, reiteraron su ‘‘apoyo y reconocimiento al trabajo serio, profesional, ético y metódico’’ del relator Méndez.

Para Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, estas declaraciones de la señora Miranda en contra del relator Méndez y de otros defensores como José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, son la redición de un discurso viejo, pobre y anquilosado.

Entrevistado luego de participar en un foro sobre violencia en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, consideró que lo preocupante es que la visión de estos actores o asociaciones civiles ‘‘vinculados con la derecha esté siendo propiciada por el gobierno federal’’, sobre todo en su posición frente a mecanismos internacionales que han evidenciado la grave crisis de derechos humanos que vive el país.

‘‘Nos preocupa que esa coincidencia en realidad sea un ejercicio de mensajería del Estado y que realmente estemos ante la edición de una campaña, sí de desprestigio, pero ideada para obstaculizarnos’’, dijo el director del Centro Pro, institución que ha tenido un papel clave en la asesoría de los padres de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Mario Patrón agregó que, como defensores, ‘‘más que meternos en un debate con la señora Miranda de Wallace, sería con el Estado para pedirle que garantice nuestra oportunidad del ejercicio libre de nuestro trabajo’’.

En este sentido, el pronunciamiento firmado por las ONG señala que los estados tienen obligaciones específicas para garantizar el trabajo de abogados y defensores civiles y periodistas. ‘‘Por ello es preciso que el Estado mexicano en su conjunto lleve a cabo campañas de dignificación de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, como lo han señalado diversos órganos.

‘‘Eso es lo que toca frente a la campaña de la señora Wallace a lo largo de los años contra defensores y defensoras de derechos humanos’’, dice el pronunciamiento, que también lleva las firmas de una veintena de activistas y expertos, como Clara Jusidman, Consuelo Morales, María Elena Azaola, Miguel Concha y Enrique González Ruiz.