lgo muy grave está ocurriendo en las relaciones entre algunas empresas y sus sindicatos y en la política laboral del gobierno actual, sin que se perciba, al menos en público, que se está en los terrenos de una aguda crisis. Tal parece que los funcionarios encargados de tutelar los derechos de los trabajadores, según el mandato constitucional surgido en 1917, que sigue vigente aunque le pese a quienes lo cuestionan, están volteados y entregados para defender a todo trance los intereses de los empresarios. Una de las más graves expresiones de esta conducta es cuando la autoridad laboral niega la vigencia del derecho constitucional a la huelga, que no sólo es de México sino una garantía universal, plasmada incluso en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical, que el gobierno mexicano tiene firmado hace más de 60 años.

De ello dan cuenta las múltiples injusticias en que los empleados o trabajadores y sus organizaciones auténticas se ven victimados, ya no sólo por la explotación habitual y las ofensas indignantes de la parte patronal, sino porque ésta sabe que la autoridad laboral les ofrece todo el apoyo necesario a fin de protegerse contra las demandas justas de los asalariados. Un ejemplo es la huelga anulada en el prestigiado Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), de Hermosillo, Sonora, y sus extensiones en diversas partes del país, del cual hizo amplia referencia el abogado Arturo Alcalde Justiniani en estas páginas de La Jornada, el sábado 5 de marzo. Algo similar sucede coartando el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores de Honda, Gunderson, PKC Arneses y Accesorios, Teksid, Pytco y de muchas empresas más.

Naturalmente no son todos los patrones los que están embarcados en esta política antiobrera, ya que muchos se mantienen apegados a lo que les indican las leyes y al justo trato que deben a sus trabajadores, incluso en medio de las inevitables diferencias. El caso es que la actual autoridad laboral se mantiene en la idea fija y reaccionaria de que en México ya se han superado las huelgas o, lo que es lo mismo, se ha suprimido para siempre la lucha entre las clases. Precisamente eso es lo que estamos viviendo en torno a la huelga legalmente emplazada y estallada este 4 de marzo por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y los miembros de la sección 271 contra la filial mexicana de la empresa acerera global ArcelorMittal, ubicadas ambas en el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por sus intereses personales o de grupo, han estado utilizando argumentos ilegales e inconstitucionales para hacer valer el absurdo de que en México no ha habido huelgas en los pasados dos años y, por tanto, a cualquier costo han decidido que el estallamiento del conflicto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es ilegal, cosa que por su propio peso se convierte en una falsedad que afecta gravemente las relaciones laborales en esa empresa y que no puede aceptarse porque se convertiría en un hecho negativo para el conjunto de los trabajadores del país.

Desde el 18 de junio de 2015 se inició en ArcelorMittal el procedimiento jurídico ante la autoridad y durante ocho meses se prorrogó el estallido de la huelga en 16 ocasiones, por así haberlo solicitado la empresa que, dijo, pasaba por una grave situación ante la importación a precios de dumping de acero de China y otros países. La STPS aprobó tales aplazamientos. Pero ilegalmente ésta última, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sólo una hora antes de que estallara, o sea a las 11 horas del 4 de marzo, decidió archivar el expediente del emplazamiento y con ello pone en peligro el derecho constitucional de huelga de los trabajadores. El resultado de esta decisión arbitraria, que podría incluir hasta la represión, sería responsabilidad directa de la empresa ArcelorMittal, de la STPS y del gobierno de Michoacán.

Este es un hecho que necesita de una clara definición por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así lo consideró el sindicato minero cuando el propio 4 de marzo le envió una carta al primer mandatario en la que se le pide: (1) que se respete el derecho constitucional de huelga de los mineros de Lázaro Cárdenas, Michoacán; (2) que no haya represión contra ellos, y (3) que la solución al conflicto sea conciliatoria y pacífica, mediante el diálogo entre las partes, tal como lo establecen las leyes mexicanas. Que se recuerde lo que ocurrió hace 10 años en este mismo sitio con la represión criminal e irresponsable del gobierno de Vicente Fox contra la huelga de los trabajadores, cuyo resultado fue de dos mineros asesinados por las fuerzas militares fuertemente armadas y decenas de obreros heridos.

Si el actual titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quiere hacer efectivo su dicho de que en México ya no hay huelgas, que entonces proceda a resolver las que se presenten con pleno respeto a la Constitución, para que adquiera verdad su afirmación. Para eso es preciso que no deje en manos del subsecretario A, Rafael Avante Juárez, la conducción de la política de su dependencia. Este funcionario fue sembrado por el Grupo México de Germán Larrea desde que comenzó esta administración federal, o quizás ha sido parte del pago a ese empresario por su contribución a la campaña política del PRI por el poder. Avante es el operador de los intereses de las empresas que como Grupo México impusieron en el sexenio pasado al nefasto Javier Lozano, quien es evidente que dejó como su herencia al propio Avante Juárez, quien fue su cercano colaborador, siempre con una actitud antiobrera y antisindical. Parece que el verdadero conductor de la STPS es ahora Rafael Avante y ya no lo es Alfonso Navarrete Prida.

La solución al conflicto laboral en Lázaro Cárdenas, Michoacán, está en que la STPS no asuma una postura en contra del derecho de huelga, porque carece de fundamentos legales, constitucionales e internacionales, incluso lógicos, para archivar su expediente de huelga, cuando éste está legalmente apoyado en los preceptos constitucionales y en los convenios mundiales como los de la OIT, a los que está adherido el gobierno mexicano desde hace décadas. La solución está también en que la empresa ArcelorMittal vaya por el camino pacífico de la conciliación de intereses, de lo cual ha dado buenas muestras en el pasado que ahora parece olvidar, y no por el de la confrontación con sus trabajadores y con el sindicato que los representa.

El derecho de huelga es intocable y debe mantenerse vigente por encima de cualquier consideración o interés particular, y por encima de cualquier política que vaya en contra de la democracia y la libertad sindical.