l gobierno federal y las autoridades de la Ciudad de México se han trenzado en una polémica en torno al destino que habría de darse a los terrenos en los que se ubica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) una vez que se construya la terminal aérea que vendría a sustituirlo. El pasado 2 de marzo el jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que corresponde a éste determinar el uso del suelo y el plan de desarrollo correspondiente.

En respuesta, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, afirmó el martes pasado que los terrenos y las construcciones del AICM son propiedad del gobierno federal, el cual sería el que habría de decidir lo que ocurriría con ellos una vez que entrara en operación el nuevo aeropuerto proyectado. Por añadidura, el declarante agregó a la polémica el asunto de la línea A del Metro, prometida por el presidente Enrique Peña Nieto y cuya construcción fue suspendida a consecuencia del más reciente recorte presupuestal: con la cooperación del gobierno urbano, dijo, tal vez podría iniciarse su construcción, y criticó a la administración de Mancera por no haber concluido la parte que le toca de la salida elevada a la autopista a Cuernavaca.

El gobernante capitalino respondió ayer que no discutía sobre la propiedad, sino sobre el uso de las 710 hectáreas del AICM, y advirtió que la Federación tendría que contar con el acuerdo de la autoridad local sobre la utilización de esos terrenos. Sobre la línea A resaltó que ya estuvo bien que le digan a la ciudad de México que se apriete el cinturón y reprochó a la SCT que, a diferencia de otros estados, en la capital de la República no haya realizado ni un solo proyecto carretero.

Por lo que hace al destino del AICM, la inopinada escaramuza declarativa entre los dos niveles de gobierno está fuera de lugar o, en todo caso, de tiempo, habida cuenta de que el proyecto gubernamental del nuevo aeropuerto, lejos de consolidarse, se ha ido difuminando desde que se anunció la obra. Al margen de los numerosos señalamientos críticos que el proyecto ha recibido por sus deficiencias técnicas, su opacidad y sus preocupantes impactos sociales, ambientales y urbanos, ha transcurrido ya más de la mitad del sexenio, la construcción sigue en una fase muy preliminar, la economía se encuentra en un periodo recesivo, los flujos de inversión privada son inciertos y el presupuesto público ha sido severamente recortado.

Ciertamente, el nuevo aeropuerto ha sido diseñado como un proyecto transexenal, pero no hay garantía firme de que el gobierno que se constituya en 2018 muestre interés en dar continuidad a una idea tan cuestionada como la terminal aérea a edificar en Texcoco.

Más que debatir el uso que se daría al aeropuerto actual sería pertinente, por tanto, convocar a la discusión pública, amplia e incluyente que no tuvo lugar en torno al proyecto gubernamental del nuevo aeropuerto; es decir, debería procederse con espíritu democrático y republicano, y no desgastar la institucionalidad local y federal en confrontaciones sobre asuntos futuros e hipotéticos. Porque, según los elementos de juicio disponibles, el AICM seguirá en funciones en los años por venir.