El sistema acusatorio en materia penal permitirá que muchos criminales procesados por delincuencia organizada puedan recuperar su libertad en un año, sostuvo Angélica Marina Díaz Pérez, magistrada del segundo tribunal unitario con sede en Toluca, estado de México, donde buena parte de los asuntos están vinculados con esos casos.

En entrevista con La Jornada, la juzgadora y ex agente del Ministerio Público habló de una reciente investigación académica que hizo sobre la incompatibilidad del sistema de justicia penal adversarial/acusatorio con la mecánica de investigación de delincuencia organizada, lo que, en los hechos, ‘‘se traducirá en impunidad, porque muchos criminales pueden verse beneficiados con esta cuestión’’.

El artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la prisión preventiva oficiosa a la que son sometidos los procesados acusados de delincuencia organizada y de otros ilícitos debe durar como máximo un año.

‘‘Un abogado defensor podría argumentar que una vez cumplido el año se ponga en libertad a su defendido, si para entonces no existiera sentencia de primera y segunda instancias’’, refirió Díaz Pérez, maestra en derecho de amparo. Agregó que ‘‘todos los jueces que resolvemos casos de delincuencia organizada sabemos que en un año muchas veces ni siquiera se ha dado el cierre de la instrucción del juicio, y de ahí el peligro de que esta disposición permita que muchos criminales se puedan ver beneficiados’’.

Un tema que preocupa a la magistrada es la manera en que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) realiza las indagatorias contra bandas del crimen organizado, pues prácticamente todas las averiguaciones previas se hacen con base en declaraciones de testigos colaboradores (delincuentes ‘‘arrepentidos’’ que apoyan a los fiscales a cambio de beneficios legales) y, en menor medida, con información aportada por agentes encubiertos que se infiltran en las bandas delictivas.

Según Díaz Pérez, los principios del sistema adversarial previstos en el artículo 20 constitucional (publicidad, concentración, inmediación y contradicción) colisionan con las limitaciones que la misma Carta Magna establece respecto de casos de delincuencia organizada (por ejemplo: el resguardo a la identidad de las víctimas, ofendidos y testigos de un delito, previsto en el artículo 20 apartado C, fracción V de la Constitución).

Ese choque de obligaciones del juez (cumplir con los principios del sistema adversarial) y la restricción del derecho humano a un debido proceso de las personas acusadas de delincuencia organizada pueden dar pauta a que los abogados de quienes sean acusados de ese delito recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso ganen los casos ahí.

‘‘Por un lado, el Estado mexicano va a ser exhibido como un violador de los derechos humanos de aquellos a los que acusa de delincuencia organizada y aún no reciben sentencia, y por el otro, como las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para nosotros, se puede ordenar desde esa instancia internacional la libertad de aquellos acusados de delincuencia organizada’’, expuso la juzgadora.

Por lo anterior, considera ‘‘urgente y necesario’’ que el Congreso de la Unión emita la nueva Ley federal contra la delincuencia organizada, en la cual se empaten las reglas del sistema penal acusatorio con la complejidad que implica la acreditación del delito antes mencionado, amén de que se requiere hacer modificaciones a la Constitución federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Estos y otros puntos de la investigación académica que realizó la magistrada Díaz Pérez están contenidos en un documento de más de 200 páginas, que la propia juzgadora enviará al Poder Legislativo como recomendaciones para modificar el marco normativo relativo a la delincuencia organizada.