Muy lejos de las grandes expectativas generadas desde su creación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) enfrenta una larga lista de problemas dentro y fuera de su estructura que prácticamente la mantienen en parálisis, en medio de la grave crisis de derechos humanos que vive el país, donde el número de víctimas crece todos los días.

Al cierre de 2015, el organismo apenas había atendido 127 casos. Sin embargo, presentó un subejercicio de 97 por ciento en su presupuesto de mil 28 millones de pesos reportados en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Además, la ‘‘creciente burocratización’’, reconocida incluso por algunos comisionados, y la insuficiencia de personal –el organismo trabaja desde hace tiempo sin tres integrantes del pleno– han impedido que el Registro Nacional de Víctimas esté concluido y el trabajo se acumula en una estructura incompleta.

Sumado a esto, ya se opera un recorte de 20 por ciento de su plantilla laboral, integrada actualmente por 450 empleados, resultado de los ‘‘ajustes presupuestales’’ ordenados por la Secretaría de Hacienda, lo cual aumentará su carga de trabajo. Tan sólo la Asesoría Jurídica Federal, uno de los pilares en la Ceav, apenas cuenta con un grupo de 60 abogados para atender más de 7 mil casos.

Esta situación empieza a generar recelo y desconfianza entre las organizaciones que acompañan a las víctimas que acuden a la institución que entró en operación hace dos años. Ha habido ya varias manifestaciones de protesta, entre ellas la realizada hace un año por el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que generó que la comisión cerrara sus puertas durante varias horas.

Especialistas y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos critican que la Ceav no haya construido en todo este tiempo programas específicos y eficaces de atención de víctimas. Incluso, la empiezan a ubicar más como una ‘‘especie de institución asistencial’’, con uso ‘‘discrecional’’ de los recursos económicos, pues exige ‘‘docilidad’’ a los afectados para poder recibir los apoyos previstos en la ley.

En el manejo de los recursos ‘‘hay un agujero negro que no está auditado ni fiscalizado por las víctimas’’, dice Silvano Cantú, especialista en derechos humanos, quien en abril de 2015 renunció a la dirección general de Vinculación de la propia comisión, denunciando falta de autonomía y porque la institución se encaminaba a convertirse en ‘‘instancia administradora del dolor y la indignación’’.

Fernando Ríos, de la Red Todos los Derechos para Todos, dice que en gran parte de la sociedad hay una clara decepción por el mal funcionamiento de la Ceav, que ‘‘no es ni remotamente’’ lo que se diseñó en la ley, mucho menos lo que esperan las víctimas, pues todo apunta a una ‘‘cadena de simulación’’.

Para ambos especialistas es necesario revisar la Ley General de Víctimas a fin de ‘‘adelgazar la burocracia. Pero también para fijar procedimientos claros con plazos estrictos y sanciones en caso de incumplimiento, y que no se deje a los condicionamientos políticos la atención a los afectados’’.

Estimaron que la falta de tres de los siete comisionados es sólo una muestra de que el Estado mexicano no tiene como prioridad los derechos humanos ni la atención de las víctimas.