Con financiamiento insuficiente y sujeto a coyunturas políticas y económicas, un marco normativo obsoleto e inadecuado y una creciente presión por incrementar su cobertura, la regulación de la educación superior en México demanda un nuevo proceso legislativo, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, advirtieron que se debe construir un marco normativo aplicable y que pueda ser verificado, con planteamientos prácticos que incluyan consecuencias por su incumplimiento.

Durante su participación en el foro La legislación mexicana de educación superior, convocado por el Senado y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas de la máxima casa de estudios, apuntó que es necesario tener un conocimiento profundo del contexto en que podría realizarse un nuevo proceso legislativo para la formación universitaria.

Es necesario, dijo, definir las condiciones y requisitos que pudieran hacer posible que el nuevo proceso legislativo para la educación superior del país no fuera simplemente el de institucionalizar lo ya existente, que no es fundamentalmente una consecuencia de falta de leyes o de la multiplicidad de normas, sino de una ausencia de políticas claras para la educación superior y de una comprensión de la complejidad institucional y de los distintos subsistemas que la componen.

Tras rechazar un recorte presupuestal a la educación superior, Ordorika resaltó que un eje estratégico para la creación de un nuevo marco normativo para la formación terciaria es quitar de en medio que la evaluación es el tema central de la política educativa en el país. Señaló que en la enseñanza básica se ha empleado la evaluación con carácter punitivo hacia las personas en los centros educativos.

Javier Mendoza, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, afirmó que en México no se cumple el actual marco normativo para el financiamiento de la educación universitaria, pues alertó que existen rezagos importantes y un déficit financiero, debido a la brecha entre el costo de la nómina docente y la plantilla reconocida por las autoridades hacendarias.

A esto se suma la disparidad en el gasto por alumno, pues prevalecen fuertes asimetrías entre los recursos que se asignan a instituciones públicas de educación superior, lo que genera condiciones de incertidumbre en el financiamiento de las casas de estudios.

Agregó que las universidades también deben enfrentar una doble negociación, tanto con el gobierno federal como con los estados, ya que fondos federales no se les entregan de forma directa, sino a las entidades, lo que demanda una nueva ronda de pláticas para que se les canalicen.