Daniel Ávila Ruiz, senador del PAN, presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por desvío de recursos y tráfico de influencias contra un funcionario de Quintana Roo y un ex servidor público de Yucatán involucrados en la adquisición ilegal de 300 hectáreas de terrenos ejidales en Mérida, en los que se construye una fábrica de la Cervecería Modelo.

La denuncia es contra Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, y José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán.

Demanda a la PGR indagar también por colusión a varios ciudadanos, entre ellos Manuel Alberto Guillermo Molina, quien tenía bajo su resguardo las tierras ejidales del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, a través del ejido de Hunucmá, en el mismo estado, pero permitió la venta ilegal de 300 hectáreas.

Denunció que Manuel Alberto Guillermo es hermano de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, y actual suplente del diputado federal José Luis Chanito Toledo Medina, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo y muy cercano al gobernador quintanarroense, Roberto Borge Angulo.

El legislador panista por Yucatán explicó que fue el diputado suplente Manuel Alberto Guillermo Molina quien compró casi 160 hectáreas de tierras en ese ejido en poco más de 32 millones de pesos, pese a que se trata de una zona de alta plusvalía, en que se edifica la fábrica de Modelo. Llamó la atención porque pagó en efectivo a los vendedores, que no son los auténticos dueños. La irregularidad –dijo– fue avalada por el ex delegado agrario en Yucatán Jorge Luis Carlos Santos.

Pidió que la PGR indague a los involucrados por lavado de dinero, ya que los recursos con que se pagaron los terrenos ejidales de Yucatán, provenían de Quintana Roo y pensamos que pueden ser de procedencia ilícita.

Ávila detalló que presentó ayer también una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación.