Un anteproyecto de las cinco principales leyes secundarias en materia anticorrupción estará listo en dos semanas, a fin de avanzar en el dictamen de esa legislación, que tiene de plazo fatal el mes de mayo, comentaron los senadores presidentes de dos de las comisiones dictaminadoras, Alejandro Encinas y Pablo Escudero.

Entrevistados por separado, coincidieron en que el nuevo marco jurídico debe ceñirse a la Constitución y establecer normas severas para castigar con firmeza la desviación y malversación de recursos públicos y toda práctica que permita el enriquecimiento ilegal de los servidores públicos.

Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, recalcó que son más de 25 leyes, entre las de nueva creación y ordenamientos a modificar, las que deberán dictaminar para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque consideró que en este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril, deben aprobarse las cinco principales.

Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, explicó que –concluidos los foros de discusión, donde escucharon los planteamientos y propuestas del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), del secretario de la Función Pública, de los contralores de los estados, de dirigentes empresariales, académicos y expertos– están listos para dictaminar.

La intención –dijo– es presentar en unas dos semanas el anteproyecto de la nueva Ley General del Sistema Anticorrupción, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de la ASF, la Ley del TFJFA, la Ley de Fiscalización y la Ley de la Administración Pública. En ese paquete van a trabajar los próximos días, a fin de presentar a los grupos parlamentarios un documento base a fin de iniciar la discusión.

En el caso de la Ley de la ASF la intención, expuso, es aterrizar las nuevas facultades establecidas en la Constitución, que le permitirán actuar con más agilidad, a fin de intervenir de manera directa, prácticamente en tiempo real para auditar a las dependencias y dar vista a las autoridades.

Por lo que toca a la ley del TFJFA, lo que más trabajo costó es que exista una sala especializada en ese tribunal fiscal, con magistrados que pueden resolver sobre temas de corrupción de manera muy distinta a la conocida.

Encinas comentó que se requiere reformar la Ley de la Administración Pública Federal, para establecer las atribuciones y facultades del nuevo fiscal anticorrupción, que dependerá de la Procuraduría General de la República, la cual habrá de transformarse en la fiscalía general de la nación.

Explicó que también deberá modificarse la Ley de Extinción de Dominio, para definir con precisión el destino de los recursos que se rescatan por actos de corrupción y de los que hay un manejo discrecional, pues lo mismo se subastan o se reintegran a la Tesorería. Muchos de los recursos provenientes del narcotráfico se usan de manera indebida para fortalecer los privilegos de algunas áreas del gobierno, en lugar de restituirse a quienes fueron afectados por daño patrimonial.

Eso tiene que normarse, recalcó. Adelantó que la bancada del PRD presentará un paquete de iniciativas anticorrupción para que se incluyan en el dictamen final.