egún reporte de la calificadora Fitch, el conjunto de obligaciones de deuda del sector público en México se ha incrementado en forma consistente: al día de hoy, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ese rubro asciende a 8 billones 633 mil 480.4 millones de pesos, lo que equivale a 45.7 por ciento del producto interno bruto (PIB); y en el trienio transcurrido desde el inicio de la presente administración las obligaciones del sector público han aumentado en 10 puntos del PIB, dado que en diciembre de 2012 eran equivalentes a 35.8 por ciento del producto.

La misma calificadora tildó como factor de vulnerabilidad la participación de inversionistas extranjeros como poseedores de los bonos que emite el gobierno federal en el mercado local para financiarse: la presencia de esos inversionistas en el país –incentivada hasta hace poco por el hecho de que en México se pagaban rendimientos mayores que en Estados Unidos– podría verse afectada en el futuro por la decisión de las autoridades estadunidenses de elevar sus tasas de interés de referencia, en diciembre pasado, por primera vez en una década.

La difusión de esas cifras constituye un desmentido al pretendido manejo responsable y la solidez de las finanzas públicas que ha presumido la actual administración federal. Lo cierto es que el país se enfrenta hoy a un nuevo máximo histórico en el monto de su deuda pública y ello condiciona la estabilidad macroeconómica nacional en un momento de turbulencias y amagos recesivos, además de que profundiza la dependencia económica de México.

Por añadidura, el desmedido endeudamiento del gobierno federal entre 2012 y 2015 es particularmente injustificable, si se toma en cuenta que dicho fenómeno no tuvo impacto favorable en la mejora de los servicios públicos; en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de seguridad, salud, vivienda, empleo y educación; en estímulos a la economía real y las actividades productivas, ni en mejoras a la calidad de vida de las personas. Por el contrario, esos años coincidieron con uno de los periodos de reformas neoliberales más intensivos de las pasadas décadas, pese a lo cual México no pudo incrementar su competitividad internacional: así lo demuestra el hecho de que las exportaciones de nuestro país, en enero pasado, ascendieron apenas a 24 mil 536.4 millones de dólares, el monto más bajo para un mes similar desde 2010, y 7.6 por ciento menos respecto del año anterior. El dato es significativo, pues se trata de uno de los indicadores que son recurrentemente utilizados por el grupo en el poder para promocionar los supuestos beneficios de la inserción de nuestro país en la economía global.

El arribo de la deuda pública a un nivel que equivale a casi la mitad del PIB nacional debiera ser visto como punto de quiebre para extremar la prudencia en la contratación de mayor endeudamiento, sobre todo ante la posibilidad de que una situación económica adversa a escala planetaria pudiera hacer imposible el rembolso del dinero recibido.

Pero, sobre todo, es importante recalcar que los créditos contratados por el sector público de nuestro país no son meros índices económicos abstractos; reflejan, en cambio, una carga concreta para las finanzas públicas, para los causantes y para la población en general. En efecto, la deuda contraída hoy constituye una carga impuesta en forma injusta y abusiva a las generaciones actuales y futuras. Es necesario que los encargados del manejo económico del país corrijan esa tendencia pues, de lo contrario, el próximo ciclo recesivo de la economía mundial podría sorprender a México en una situación mucho más vulnerable, y arrojar saldos económicos y sociales mucho más devastadores.