En un intento por contratarse temporalmente en Estados Unidos y Canadá, los trabajadores migratorios de México y varios países de Centroamérica son objeto de cobros ilegales, fraude, ofertas de visas falsas, retención de documentos y hasta de amenazas y represalias si denuncian, señalaron organizaciones de derechos humanos y laborales.

Las agrupaciones afirmaron que esta situación se debe fundamentalmente a los enormes vacíos legales y la falta de protección durante el reclutamiento de los trabajadores agrícolas. Tan sólo para ser registrado en la lista de aspirantes, el cobro ilegal puede ascender a 200 dólares.

Representantes y directivos de la Alianza Global para la Justicia de los Trabajadores (Global Workers Justice Alliance) de la Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral y del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesec), presentaron el informe Reglas de reclutamiento: países de origen, en el que comparan el marco normativo en la materia de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Omar Ángel Pérez, de Global Workers; Andrea Gálvez, de United Food and Commercial Workers Union-Canadá, y José Antonio López Cruz, de Prodesec, señalaron que en ninguna de estas naciones hay corresponsabilidad legal entre las empresas y gobiernos, ni en el papel que deben jugar las embajadas de los trabajadores migrantes en el país de destino.

En cifras conservadoras, se calcula que desde 2010 más de 9 mil personas han sido defraudadas con el ofrecimiento de empleo temporal a Estados Unidos y Canadá, en 15 entidades federativas de México.

En el caso de Guatemala, se ha documentado la confiscación de títulos de propiedad cometidos en contra de los trabajadores migrantes, o los solicitantes de visa de trabajo, como garantía para asegurarse de que cumplan las condiciones de sus contratos bajo la visa H-2B para empleo en Estados Unidos.

El reporte señala que cada año miles de mexicanos y centroamericanos viajan a Estados Unidos y Canadá para trabajar con visas temporales. Y aunque no existe un número exacto, se calcula que anualmente más de 25 mil trabajadores van a Canadá y otros 100 mil a territorio estadunidense a laborar en el sector agrícola y otras industrias de bajo ingreso.

A pesar de los índices de inmigración irregular, o sin papeles, los programas de visas de trabajo temporal están en expansión y en aumento año con año, por lo que tener un marco jurídico para proteger a estos trabajadores reviste una importancia cada vez mayor.