n un comunicado emitido ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó los actos vandálicos perpetrados la víspera por presuntos integrantes de los grupos que ocupan desde hace 15 años el auditorio Justo Sierra, también conocido por la comunidad universitaria como Che Guevara, que se ubica en la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estudios.

Durante la madrugada de miércoles para jueves, un grupo de encapuchados bloqueó uno de los principales accesos vehiculares a Ciudad Universitaria con contenedores de basura, a los que posteriormente prendió fuego. A decir de las autoridades de la UNAM, esos hechos se produjeron en “reacción a la detención, en la vía pública, por parte de la autoridad federal, de un individuo ajeno a la Universidad y presuntamente vinculado a actividades de narcomenudeo, que responde al nombre de Jorge Emilio Esquivel Muñoz, alias El Yorch. La rectoría señaló que el episodio hace evidente la naturaleza violenta de la ocupación del recinto referido y demandó la devolución del inmueble a la comunidad universitaria.

Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del detenido y de quienes habitan el auditorio Justo Sierra –nombrado así en honor al fundador de la máxima casa de estudios–, los hechos comentados ponen en perspectiva, de nueva cuenta, el carácter anómalo de la ocupación que ese emblemático recinto universitario enfrenta desde hace tres lustros, como una de las secuelas de la huelga estudiantil más larga en la historia de la UNAM (1999-2000).

Debe recordarse que los promotores originales de la toma del Che Guevara –identificados con el ala más radical del extinto Consejo General de Huelga– argumentaron en su momento que el auditorio se convertiría en un espacio autónomo y autogestivo, abierto a toda la comunidad, en el que pudieran expresarse todos los sectores divergentes y expresiones que convergen en la casa de estudios.

En todo este tiempo, sin embargo, la ocupación se ha traducido en una exclusión sistemática de la mayoría de la comunidad universitaria, que no tiene justificación legal, social, política o académica alguna: al día de hoy, la mayor parte de los estudiantes de la UNAM no conocen el recinto ni pueden acceder a él; el deterioro del inmueble es evidente y su toma de agrupaciones ajenas a la comunidad universitaria constituye hoy uno de los principales factores de rechazo de académicos, investigadores, profesores eméritos, diferentes sectores estudiantiles y de trabajadores que han demandado en diversas ocasiones su devolución.

Por añadidura, según todos los indicios disponibles, la ocupación del auditorio Justo Sierra ha dado pie a una explotación indebida del inmueble, y al surgimiento de conflictos y focos de violencia dentro y fuera de la comunidad de la UNAM.

En un entorno nacional en el que los conflictos sociales adquieren proyección y explosividad particulares, a consecuencia de una disfuncionalidad institucional generalizada, lo que menos se necesita es un nuevo foco de tensión e intercambio de hostilidades al interior de la máxima casa de estudios. Para evitar esa perspectiva, es deseable y necesario que los grupos que ocupan ese auditorio, en un gesto de civismo y sensatez, abandonen el mismo cuanto antes y lo devuelvan a la comunidad universitaria.