Un colectivo de organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular exigieron al presidente Enrique Peña Nieto dar a conocer el texto legal definitivo, sin letras chiquitas, del Acuerdo Transpacífico (ATP), así como su difusión amplia a la sociedad.

Los opositores a este acuerdo, alentado por los gobiernos de 12 países (en el caso de México requiere del aval del Senado), exigieron una discusión democrática.

En un encuentro de representantes internacionales de organizaciones y académicos de la región, se exigió transparencia y realizar una evaluación integral e independiente de las consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales del tratado.

En un cartel elaborado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad, se informa sobre algunos de los efectos cotidianos del ATP: dificultad para adquirir medicamentos genéricos, menos tarifas bajas de agua, eliminación de los etiquetados transgénicos, limitación de contenidos en Internet y la prohibición para denunciar afectaciones ambientales, por ejemplo.

El ATP se negocia con extremo secreto; sin embargo, varios documentos filtrados muestran que amenaza gravemente los derechos de las personas, poniendo por delante los intereses de las grandes corporaciones e inversionistas extranjeros, se indica en información difundida a la sociedad.

Este pacto, se añade, podría limitar el derecho a la salud, a la libertad de expresión y a un medio ambiente sano, así como la capacidad del Estado para brindar servicios públicos y regular a las empresas trasnacionales.

En las conclusiones del encuentro, realizado en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, se exige integrar una comisión jurídica que trabaje sobre los recursos de defensa legal nacional e internacional, a fin de explorar todas la vías de acción judicial para alcanzar medidas cautelares, sesiones especiales y opinión consultiva sobre la amenaza de violacion a los derechos humanos. Es necesario, añadieron, ampliar la difusión de información y el diálogo directo sobre las amenazas. Se propuso también que para derrotar las iniciativas del ATP, se requiere construir y echar a andar una fuerza popular internacional.

Los participantes mexicanos señalaron que este proyecto de apertura comercial ahonda los impactos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, socava la Constitución y las leyes mexicanas que reconocen los derechos humanos. Por México asistieron 56 organizaciones civiles, sociales y sindicales, así como más de 30 especialistas en lo particular.

En los resultados del encuentro se destacó la necesidad de acercarse a los legisladores opositores al proyecto, dada la importancia de su voto para concretar o echar atrás la participación de México y de sus pares. Además, construir una plataforma de comunicación de organizaciones civiles –a escalas nacional e internacional– y de contacto con la ciudadanía en general.