La averiguación previa relacionada con el percance aéreo en el que falleció Ramón Huerta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox, ya fue destruida, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) la había clasificado como reservada durante 12 años.

El 9 de julio de 2013, la PGR consideró que no se trataba de un caso histórico que debiera conservarse y, como concluyó que el desplome de la aeronave en que viajaba el funcionario se produjo por la inadecuada toma de decisiones de los pilotos, lo catalogó de baja documental para su destrucción.

En una solicitud de información pública, la PGR respondió que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo señaló que con “motivo del accidente referido se inició la averiguación previa PGR/MEX/NAU-II/610/2005, misma que con fecha 9 de julio de 2007, mediante el folio 664/2007, fue autorizada la consulta de no ejercicio de la acción penal.

“Así, toda vez que la consulta de no ejercicio data de 2007, resulta indispensable precisar que la guarda y custodia de archivos, así como lo determinado en los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, establece que (…) una vez que los documentos hayan cumplido su vigencia documental, de conformidad con el catálogo de disposición documental se procederá a la baja correspondiente.”

En ese contexto, en el oficio SJAI/DGAJ/0096/2016, del 21 de enero de este año, se menciona que “cuando los valores de algún documento prescriben, se procede a realizar la baja documental, misma que es autorizada por el Archivo General de la Nación, y los inventarios de baja documental deberán conservarse en el archivo de concentración por un plazo de cinco años.

Con base en lo anterior, y derivado de que la consulta del no ejercicio de la acción penal en el caso que nos ocupa se autorizó el 9 de julio de 2007, el periodo de conservación del expediente feneció a los seis años, es decir, el 9 de julio de 2013.

Por esa razón, explicó la PGR, esta procuraduría no se encuentra obligada a contar con el expediente de la averiguación previa.

La institución que dirige Arely Gómez indicó al solicitante que “en un ejercicio de máxima publicidad se localizó en los archivos de cómputo una tarjeta informativa de fecha 11 de noviembre de 2011, en la que detalla dentro de lo acontecido en la averiguación previa en comento, lo siguiente:

Se recibió el oficio número 4.1203-457-040319, procedente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, Dirección General de Investigación de Accidentes, de fecha 25 de julio de 2006, signado por Jorge Cornejo Coria, encargado de la Dirección de Investigación de Accidentes, en el cual concluye como causa probable el siguiente dictamen: impacto contra el terreno, sin pérdida de control por una inadecuada toma de decisión de la tripulación al continuar bajo las reglas de vuelo visual, en condiciones meteorológicas adversas (nublados bajos), fase: vuelo. Factores contribuyentes: planteamiento operativo inadecuado para antes del vuelo, posible presión de itinerario durante una operación oficial importante. Pérdida de la conciencia de situaciones al volar entre nublados.

Martín Huerta falleció el 21 de septiembre de 2005, junto con ocho personas: Juan Antonio Martínez, director de Comunicación Social de esa dependencia; el oficial mayor Francisco Becerra; el secretario ejecutivo Silvino Chávez Hernández; el comisionado de la Policía Federal Preventiva Tomás Valencia Ángeles; el jefe de ayudantes, Jorge Alberto Estrella; el tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Antonio Bernal, el piloto Habacuc de León Galicia y el copiloto Rafael Esquivel Arreguín.

Esa mañana el helicóptero Bell 412-EP matrícula XC-PFI estuvo en vuelo solamente 20 minutos. Se dirigía al penal federal de La Palma (ahora del Altiplano); los funcionarios darían a conocer la creación de la policía penitenciaria, pero la nave se estrelló en el paraje montañoso conocido como La Cima, en el municipio de Xonacatlán, estado de México.

La PGR concluyó que se trató de un accidente, aunque investigó las versiones que señalaban que fue un atentado planeado por el ex líder del cártel del Golfo y creador de Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén.