a desigualdad en el interior de los países, entre regiones y territorios con niveles de bienestar y desarrollo muy disímiles, es una preocupación cada vez mayor en el ámbito mundial.
Con el derrumbe del modelo de sustitución de importaciones y el impulso de un casi nuevo evangelio, el énfasis se puso en privatizaciones, desregulaciones y apertura comercial. Una consecuencia nada menor fue el abandono en el discurso oficial, de las políticas sectoriales. Nadie en México olvida la famosa frase, por su simpleza y por sus consecuencias, sobre que la mejor política industrial es la que no existe.
En los hechos persistieron algunas políticas sectoriales, particularmente en el sector agropecuario. Esto se explica por las coaliciones de intereses de los grandes agricultores y ganaderos y las empresas agroindustriales y agroalimentarias que capturaron y continúan haciéndolo, gran parte de los recursos públicos y particularmente de los subsidios orientados al campo.
Por otra parte a finales de los 90 y con el nuevo siglo se generó en muchos países de la región, entre académicos, organizaciones sociales y diseñadores de políticas públicas, la convicción de que la mejor manera de superar esa captura de las políticas y lograr una reorientación de los recursos públicos hacia el combate a la endémica pobreza urbano-rural consistía en articular lo sectorial en una dimensión territorial del desarrollo.
Esta reflexión en buena parte era un reconocimiento a las políticas de desarrollo regional, que se impulsaron con éxito variable, en muchas partes del continente americano. Además ejercieron una especial atracción las políticas de desarrollo territorial impulsadas en diversas regiones por la Unión Europea.
Desde organismos multilaterales y bilaterales de cooperación se generó un impulso para que los países latinoamericanos establecieran en sus agendas la prioridad al desarrollo rural con enfoque territorial. A ello también contribuyeron algunos académicos como Alain de Janvry y Manuel Chiriboga y una variedad de organizaciones de pequeños productores.
Pero el documento seminal que contribuyó a cuajar programáticamente esas ideas fue elaborado por Alexander Schejtman y Julio Berdegue en 2004 titulado Desarrollo territorial rural.
De entonces para acá varias transformaciones en los ámbitos rurales derivado de cambios sociodemográficos, económicos, de la reducción de la pobreza, del peso de las exportaciones de materias primas en el desarrollo de varios países y luego nuevamente una tendencia al estancamiento económico; han hecho aun más visible el debate sobre la manera de articular políticas sectoriales y territoriales.
Particularmente la forma en que se han expandido las grandes metrópolis y las ciudades intermedias conduce a una revisión sustancial de las implicaciones políticas en relación con los vínculos urbano-rurales, a la naturaleza tanto de la ruralización urbana como de la urbanización rural, al peso que juegan los flujos migratorios externos e internos. Lo anterior genera una serie de dilemas relacionados con el diseño e implementación de políticas que son de origen multisectoriales, que abarcan diversos niveles de agregación desde lo local, regional y lo nacional, y que exigen atender una multiplicidad de actores.
Por ello ha sido muy oportuna la realización en Puebla, auspiciada por un notable centro de investigaciones rurales latinoamericano (RIMISP), de la Conferencia Internacional sobre Desigualdad Territorial y Desarrollo.
La conferencia contó con la presencia de especialistas de varios países americanos, europeos, africanos y asiáticos. Muchos temas relevantes fueron discutidos resaltando en mi opinión dos de ellos: los vínculos urbano-rurales y las instituciones y la gobernanza requeridas para impulsar el desarrollo territorial. Recomiendo revisar estas discusiones en http://territorialconference2016.
rimisp.org/
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