El gobierno federal elabora en secreto una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, la cual pretende presentar al Congreso de la Unión para su aprobación en el periodo ordinario de sesiones que comienza la próxima semana, alertó Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

Afirmó que una propuesta que ignora a quienes imparten justicia laboral no sólo resulta ilegítima, sino inviable y violatoria de las normas internacionales relativas al fortalecimiento del tripartismo y el diálogo social.

Ante ello, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto girar sus instrucciones para abrir el debate y considerar la opinión de los diversos actores del mundo del trabajo, en especial de quienes día a día demandan, patrocinan, estudian e imparten justicia laboral, como son las juntas locales,.

En entrevista consideró que sí debe haber una reforma a la ley laboral para avanzar en el tema de impartición de justicia y agilizar los procedimientos, pero con base en una discusión seria y amplia, lo cual no está sucediendo, por lo cual desconocemos los alcances de dicha iniciativa.

De acuerdo con información obtenida, su elaboración está a cargo de un grupo de trabajo de 14 representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Consejería Jurídica y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quienes lo están haciendo muy en corto, destacó.

Con base en un diagnóstico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde señala que la justicia laboral es vista como poco confiable y propicia para actividades abiertamente corruptas, la autoridad federal considera la desaparición de la repartición tripartita de las juntas locales y que éstas pasen a formar parte del Poder Judicial.

En ningún momento se considera la necesidad de una revisión y modernización de la justicia laboral, el atacar de fondo las causas de su reazago, la situación económica del país y la rotación de mano de obra, que es uno de sus elementos cotidianos, puntualizó.

Dijo que el país no puede repetir errores, como el cometido con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, cuando se modificó el artículo 48 para limitar los salarios vencidos a un año, esperando que en ese tiempo se resolvieran los juicios, lo cual no se logró.