El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado acordó una agenda legislativa de 37 puntos, a desarrollar en el próximo periodo de sesiones, que inicia este lunes, y que se centra en iniciativas sobre seguridad y justicia, combate a la desigualdad y la corrupción, regulación del consumo de drogas y renacionalización del petróleo y la electricidad.

Como parte de los acuerdos de su octava reunión plenaria, la bancada coordinada por Miguel Barbosa expresó públicamente su respaldo a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la infundada campaña de desprestigio que enfrenta.

Los perredistas advierten que la calidad técnica y moral de los expertos, nombrados conjuntamente por la CIDH y el gobierno mexicano para supervisar la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, ha quedado de relieve en el trabajo serio que han realizado.

Al leer las conclusiones, la vicecoordinadora Dolores Padierna Luna recalcó que es primordial que el GIEI tenga condiciones propicias para realizar su labor en torno al esclarecimiento pleno del paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, “asunto de interés público y una dimensión del derecho a la verdad que asiste a las familias de los normalistas desaparecidos y a la sociedad en su conjunto.

La senadora Padierna Luna resaltó que trabajarán en la creación de las alternativas necesarias para enfrentar la crisis potencialmente severa que se espera en materia económica, e insistirá en la recuperación del salario mínimo.

Los senadores perredistas se reunieron con Juan Ramón de la Fuente para discutir una nueva política regulatoria en materia de drogas, y con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en torno al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP por sus siglas en inglés), tratado comercial que no permitirán que se pretenda ratificar al vapor en el Senado.

La decisión fue impulsar una discusión detallada, pública y abierta de los alcances del TTP.

Asimismo, los perredistas acordaron concretar una profunda reforma en materia de seguridad y combate a la delincuencia, expedir la Ley General de Desaparición Forzada, la Ley General en Materia de Tortura y una legislación para prevenir y sancionar las ejecuciones extrajudiciales.

Expedir las leyes reglamentarias para concretar el Sistema Nacional Anticorrupción y las dos faltantes sobre transparencia e impulsar una reforma constitucional para renacionalizar la industria energética y evitar el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.