l jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo ayer que no se puede evitar el cierre total del suministro de agua por trabajos de mantenimiento al sistema Cutzamala, que se realizará a partir de hoy y hasta el próximo domingo.
De tal forma, el mandatario capitalino dio respuesta a las múltiples voces que han pedido minimizar las afectaciones ciudadanas derivadas del corte referido; insistió en que esos trabajos traen beneficios a la ciudad de México y reiteró que su gobierno implementará un programa de reparto de agua en pipas para paliar, en alguna medida, la afectación.
Es insoslayable que la capital del país requiere de diversos trabajos de obra y mantenimiento y que la infraestructura hidráulica no es, en ese sentido, la excepción. También es inevitable que, en una megalópolis como ésta, la realización de tales labores traigan aparejadas afectaciones de diversa índole para la población. No obstante, la responsabilidad de las autoridades pasa por realizar esos mantenimientos procurando el menor impacto posible, específicamente para los sectores más vulnerables.
En el caso comentado, el desempeño de las autoridades capitalinas se ha caracterizado por un manejo cuando menos cuestionable de la información y la comunicación social respecto de las obras de mantenimiento referidas y sus consecuencias. Habría sido deseable, por ejemplo, que las autoridades expusieran con transparencia las razones por las que no es posible realizar las obras sin afectar, en forma simultánea, a más de 4.5 millones de personas. Es particularmente preocupante que una parte sustancial de esa afectación recaiga sobre los habitantes del oriente de la capital, una zona en la que persisten rezago e insuficiencia en el abasto: en Iztapalapa la mala calidad del agua que deriva de la reparación de pozos, la baja presión y otros factores, se agravará con las labores mencionadas, en perjuicio de 80 por ciento de los habitantes de esa demarcación.
Con independencia del ineludible costo político que esta situación tendrá para la administración local, y de las consecuentes acciones que ésta implemente para asumir o mitigar ese costo, el hecho de que un sector considerable de la población se vea afectado por una obra de mantenimiento programada con antelación alimenta el sentir de vulnerabilidad que enfrenta la capital del país en materia hídrica, particularmente a raíz la expansión caótica y descontrolada que se vive en la actualidad.
En efecto, la desenfrenada edificación de inmuebles residenciales, como los que campean por distintas colonias de la capital, hace obligado preguntarse si la ciudad cuenta con los recursos y la infraestructura necesarios y suficientes para garantizar el abasto mínimo para el conjunto de la población. Lo cierto es que, detrás del desorden urbano que se padece cotidianamente en el valle de México no parece haber sólo imprudencia burocrática y administrativa; por lo contrario, parece una consecuencia lógica de anteponer el afán de lucro y la especulación inmobiliaria por sobre el sentido común.
Si hoy la perspectiva de desabasto masivo de agua por obras de mantenimiento representa un costo político ineludible para las autoridades, cabe suponer que esa situación podría multiplicarse exponencialmente en la medida en que no se contenga y regule el desorden y el déficit de planeación urbana en la ciudad de México. La falta de atención de las autoridades en este ámbito podría hacer que los reclamos que hoy enfrentan por recortes como el comentado se conviertan en el futuro en focos de explosividad social y de ingobernabilidad.
