De acuerdo con las cifras más recientes, México ocupa el lugar ocho a escala mundial en robo de identidad y el tercero en América Latina, lo que revela la fragilidad de la protección de los datos personales.

Sin embargo, para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) esta condición no obedece tanto a un débil marco legal, sino al avance tecnológico y una insuficiente cultura de su importancia.

No son cifras que nos agraden, reconoce la comisionada del Inai, Patricia Kurzcyn, quien sostiene que existen los elementos legales para enfrentar esta situación; sin embargo, en gran medida su crecimiento ha obedecido al desconocimiento ciudadano del uso de nuevas tecnologías, en donde, proporcionar un dato personal puede potenciar y poner en riesgo esta información fundamental.

Aumenta la vulnerabilidad por el uso de la tecnología

En la actualidad, advierte por su parte el coordinador de protección de datos personales del instituto, Gustavo Parra, la existencia, por ejemplo, de teléfonos inteligentes o el uso de las redes sociales colocan a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad si no existe una conciencia de su utilización. Subir información a la nube implica mayores riesgos de robo de identidad o de otro tipo de delitos contra los menores, que tienen controles más limitados sobre los datos que colocan en la red.

El desarrollo tecnológico ha acelerado la interconexión informativa y potenciado los riesgos existentes por el uso del Internet u otros instrumentos, cuyo control va más allá de reformas legales y se inserta en un ámbito de aprender formas de convivencia con las nuevas tecnologías para mitigar riesgos.

Hoy, a escala mundial se celebra el Día de la Protección de Datos Personales, un ámbito en el que aún existen pendientes en el Congreso: la ley general de protección de datos personales, que permitiría avanzar en el plano estatal, donde en sólo 11 entidades hay una legislación específica.

En lo concerniente al sector público, existe un mayor control, toda vez que las dependencias están obligadas a acatar las resoluciones del Inai. En su mayoría, las principales quejas están orientadas hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.