El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó ayer que no se ha aprendido de la barbarie del caso Iguala y parece repetirse el vínculo funesto entre algunas autoridades y el crimen organizado en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz.

Mientras prevalezca la impunidad estos horrores se repetirán y se requiere un punto nodal: que se aprehenda a los responsables y se les sancione. Es preciso encarar las desapariciones, fosas clandestinas, trata, abusos a migrantes, tortura, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, agravios y ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, expuso.

Al presentar ayer su informe 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman expuso a los legisladores que ambos casos deben plantear si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones en la violación de derechos humanos.

Insistió en que para la CNDH la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, es un expediente abierto.

Al cuestionarlo respecto de la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, señaló que lo importante es conocer la verdad de los hechos, conocer su paradero (de los 43 normalistas).

Explicó que la indagatoria que efectúa la CNDH es en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en la cual es preciso que, en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los normalistas.

González Pérez refirió que en el reporte se hace referencia a desapariciones, ejecuciones y uso excesivo de la fuerza en casos como Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán o Tanhuato.

Estos casos, agregó, han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en el país y han puesto a prueba a las instituciones, además de evidenciar las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y respuesta de los tres órdenes de gobierno a diversos problemas sociales, así como la debilidad del estado de derecho en varias regiones.

Al referirse al asesinato de civiles en Apatzingán, en el que se relacionó a policías federales, señaló que la CNDH emitió una recomendación en la cual se reveló la subsistencia de prácticas como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y omisiones e inconsistencias en las actuaciones ministeriales, que es preciso sancionar conforme a derecho y prevenir para evitar que vuelvan a presentarse.

En ningún caso podemos permitir la impunidad. Por el contrario, la investigación de estos asuntos debe volverse referente del compromiso y capacidades del Estado y la sociedad mexicanas con la justicia y el respeto de la dignidad humana, resaltó.

Lamentó que a pesar de la existencia de la CNDH durante 25 años, continúan prácticas y conductas que debieron haberse superado, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.

Lo anterior cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si los servidores públicos están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones, declaró.

En ese contexto, reprochó que el cumplimiento de las recomendaciones enfrenta demoras sensibles, y explicó que el año pasado se incrementó 12 por ciento el número de expedientes registrados respecto de 2014, al pasar de 24 mil 889 a 27 mil 867, es decir, casi 3 mil adicionales.

Señaló que más allá de los casos que por su gravedad y trascendencia conmovieron e indignaron a la sociedad, todos los días los mexicanos conviven con la debilidad del estado de derecho, la impunidad, la corrupción, la inseguridad, la violencia y la colusión de autoridades con el crimen organizado.