Villahermosa, Tab.

La entrada en vigor de la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (Isset), a partir de este año, ha llevado a burócratas a tramitar amparos individuales en demanda de que se regrese al esquema vigente desde 1984 o, en todo caso, que la nueva legislatura revise las reformas, para lo cual reúne ya las 150 mil firmas necesarias para que se atienda su petición.

Entre los cambios a la ley destaca el aumento del descuento para jubilación, de 8 a 16 por ciento; asimismo, el monto de la pensión se redujo de 100 a 70 por ciento del último sueldo. Las mujeres se podrán jubilar a los 30 años de servicio (antes eran 25), y los hombres, a los 35 años en vez de 30.

Las reformas, que afectan a cerca de 80 mil burócratas, fueron aprobadas el 23 de diciembre por la mayoría de diputados del Partido de la Revolución Democrática en la 61 Legislatura, que concluyó en 2015. Fueron promulgadas el 31 de diciembre y aplicadas el primero de enero de 2016. Los descuentos comenzaron a aplicarse la primera quincena de enero.

Antes de su aprobación, unos mil 500 trabajadores sindicalizados se plantaron frente a la Cámara de Diputados. El viernes 22 de diciembre miles se manifestaron en la plaza de armas, donde se organizaron para reunir 150 mil firmas y comenzaron a ampararse.

Los burócratas rebasaron a sus líderes gremiales y crearon la Coordinadora de Lucha por la Restitución de los Derechos Laborales del Isset.

Su principal demanda es detener los descuentos, que no se cobren cuotas por la inclusión de los padres en los servicios y que se regrese a la ley de 1984.

En una reunión con editores de medios y columnistas en la Quinta Grijalva, casa de gobierno, el secretario de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, explicó que las modificaciones a la ley eran necesarias para evitar la quiebra del Isset.

Dijo que la ley anterior era obsoleta y reformarla fue una actitud responsable que evitará graves problemas económicos al estado.

Leandro Ledezma Rosique, director de prestaciones socioeconómicas del Isset, explicó que durante más de 30 años el instituto se rigió por una ley que ya hacía ineficiente e insostenible la prestación de servicios y ponía en riesgo el pago de pensiones.

Abundó que en 2012 se erogaron 526 millones de pesos en pensiones y jubilaciones y en 2015 el monto se incrementó a mil 200 millones, poco más de 60 por ciento de los ingresos del instituto.

En el Congreso del estado, los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México pidieron la comparecencia del titular del Isset, Agapito Domínguez Lacroix, tras calificar la ley de inconstitucional.

En la primera catorcena del año, los trabajadores del gobierno del estado vieron reducirse sus salarios entre 200 y mil pesos. Se puede decir que 200 pesos no son nada, pero si se lo descuentan a un trabajador que gana 2 mil 500 pesos quincenales, son dos días de comida, explicó Laura Leticia Cadeza durante la protesta en la plaza de armas.

Algunos recordaron que cuando Arturo Núñez Jiménez estaba en campaña por la gubernatura hizo llegar a los servidores públicos una carta en la que aseguraba que el salario es sagrado y cada mes estaba comprometido para pagar renta, luz, agua y alimentos.

Su promesa de campaña era un cambio verdadero, y ahora estamos viendo que ese cambio es en detrimento de mi familia y de mis hijos. La verdad, me siento traicionada, manifestó Doris del Carmen Priego.

Docentes sindicalizados también se quejan de los descuentos. Al profesor Alejandro Pérez Galván antes le deducían 180 pesos quincenales, ahora le quitan 480, 166 por ciento más. Esto afecta la economía familiar, advirtió.

Vamos a seguir en pie de lucha para que el nuevo Congreso la eche atrás, decía una de las pancartas.