Cuernavaca, Mor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no debe participar en la exhumación de los cadáveres que ella misma ordenó sepultar de manera ilegal en dos fosas clandestinas en la comunidad Tetelcingo, municipio de Cuautla, consideraron María Hernández y Amelia Hernández, madre y tía, respectivamente, de Oliver Navarrete Hernández, porque los acusados son precisamente trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) de la FGE.

La familia de Oliver Navarrete dio a conocer la existencia de dos fosas clandestinas de la FGE donde el cadáver de Oliver estuvo ocho meses y 12 días, junto con otras 149 personas, a pesar de que había sido identificado.

María y Amelia respondieron ayer al fiscal Javier Pérez Durón, quien anunció la semana pasada que se exhumarán todos los cadáveres de las fosas de Tetelcingo. La madre de Oliver dijo que ella creerá en Pérez Durón cuando vea que los cuerpos son entregados a sus familiares.

Amelia dijo que al menos ya se ofreció exhumar todos los cuerpos, pero insistió en que el gobierno del estado y la FGE no no pueden ser jueces y partes.

Si la FGE encabeza estos trabajos, agregaron, se corre el riesgo de que trabajadores del Semefo vuelvan a exhumar e inhumar los cadáveres sin respetar protocolos, y que el terreno vuelva a usarse de fosa común sin los permisos correspondientes.

Amelia Hernández recordó que se investiga a tres o cuatro trabajadores de la FGE implicados en las inhumaciones clandestinas.

Oliver Navarrete, de 31 años, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla; 10 días después fue encontrado muerto. Sus parientes reclamaron el cuerpo, pero la FGE lo retuvo y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en un predio privado sin permiso del ayuntamiento ni de autoridades sanitarias para operar como fosa común. María Concepción Hernández logró que la FGE exhumara el cuerpo el 9 de diciembre de 2014.