El nuevo sistema de justicia penal requiere con urgencia de la aprobación de leyes, cuya implementación general –y alineación con las locales– debe estar lista, por mandato constitucional, el próximo 18 de junio.

El andamiaje normativo pendiente fijará los alcances de nuevas figuras; por mencionar una, los jueces de ejecución, responsables de garantizar que la sentencia se cumpla a cabalidad o se acorte.

La ley de ejecución penal incluye, de acuerdo con el proyecto del Senado, los derechos y obligaciones de los internos, además de que dicta libertad condicionada, fija los parámetros de pago de reparación del daño, así como los casos de apelación, preliberación, permisos humanos y modificación o extinción de la pena, entre otros aspectos.

Igualmente, el régimen de internamiento, el sistema de información y estadística penitenciaria, atención médica y educación para los reos.

México carece entonces del entramado total para la óptima puesta en marcha del nuevo sistema; falta concluir una miscelánea penal: la ley nacional de ejecución penal y la de justicia para adolescentes. Con esta última se fijarán los límites de encarcelamiento para menores de 18 años y alternativas para su rehabilitación.

El rezago legislativo deberá tratarse en el periodo ordinario que comienza en febrero, toda vez que los gobiernos federal y estatales deben garantizar la atención, con base en los nuevos métodos, desde una denuncia hasta la reinserción social.

María de los Ángeles Fromow, responsable de la coordinación para la aplicación de este nuevo sistema, dijo que es necesario cubrir para junio, en todo el país, los mínimos indispensables en la materia.

La finalidad, subrayó, es despresurizar los juzgados y cárceles, de delitos menores.

Alrededor de 70 por ciento de la incidencia delictiva actual, precisó, podrá irse a unidades de atención temprana, donde podrá surgir una conciliación y reparación del daño, en lugar de seguir el proceso largo y tortuoso.

Lo ideal a largo plazo (más de un lustro para conseguir cambio estructural y de actitudes) es que sólo se apliquen procedimientos y sentencias largas para los delitos de alto impacto. Ahora las cárceles sólo estarán dedicadas a esos casos (delitos graves), y no para el que se robó un monedero, indicó.

No hay prórroga en la fecha límite constitucional, reiteró. Tenemos que estar lo mejor preprados para junio, no con espacios lujosos, incluso pueden ser inmuebles propios o rentados, pero sí garantizar los mínimos indispensables.

Las entidades con un nivel más bajo en la implementación son Sonora y Baja California Sur, y las más avanzadas, Yucatán, Chihuahua y Nuevo León.

En cuanto a capacitación, se indica que el universo de policías en el país es de 351 mil 567 elementos estatales y municipales. Hasta ahora, la secretaría técnica para la aplicación del sistema de justicia penal ha capacitado a 17 mil 702 policías, mientras el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registro de 114 mil 946 agentes capacitados en siete competencias básicas.

El monto presupuestal histórico para atender este proceso asciende ya a poco más de 4 mil 182 millones de pesos durante el periodo 2010-2016, se indica en un reporte.

Para el año actual se autorizaron 719 millones de pesos, casi 300 menos que en 2015. La baja presupuestal será compensada con subsidios federales. Se indicó que 20 por ciento del total de la bolsa en la materia, esto es, unos 2 mil 600 millones de pesos se debe canalizar al presupuesto del nuevo sistema de justicia penal.