Palenque, Chis.

Lourdes María Suazo Mejía sigue atormentada pensando en la forma en que murió su hermano Mauricio Francisco, en Cadereyta, Nuevo León: Pienso cómo sería su muerte, qué dolor sentiría, seguramente sufrió mucho. Nosotros lo que pedimos es justicia. Queremos saber quiénes les quitaron la vida, quiénes hicieron esta barbarie.

El hondureño Mauricio Francisco Suazo Mejía es uno de los 49 migrantes asesinados el 13 de mayo de 2012, cuando un grupo de la delincuencia organizada los secuestró y les arrancaron brazos, piernas y cabeza para impedir su identificación.

Desde entonces, sólo han sido identificados 13 de ellos, de nacionalidad hondrueña, mexicana y costarricense, gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Falta identificar a 36: 29 hombres y siete mujeres, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido recomendación alguna, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha apoyado a ninguna familia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue analizando si permite la desclasificación de información relativa a la matanza.

Aquellos 49 torsos encontrados al borde de la carretera que conduce a Cadereyta fueron lanzados a la fosa común, pero la insistencia de los familiares, apoyados por la organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, los recuperó y los sacó del olvido.

A raíz de que nos dieron cuenta de la masacre, Rubén, mi hermano el mayor de los varones, fue a dejar documentos. Y luego nos llamaron para la toma de muestras de ADN. Fuimos mi mamá, mi hermano y yo, dice Lourdes María Suazo Mejía en entrevista, mientras recorre las rutas de migrantes con otras madres de desaparecidos, apoyadas por el Movimiento Migrante Mesoamericano.

El resultado fue positivo, pero tuvieron que esperar 26 meses para recibir los restos de su hermano para darles sepultura: Ellos no merecían esa muerte, nadie la merece; eran trabajadores, maestros, pintores; todos eran gente buena. Mi hermano tenía una barbería, otro era pintor, uno hacía tabiques, algunos más daban clases. Su sueño era ayudar a su familia, por eso iban a Estados Unidos.

Sin justicia

Su hermana lo soñó: ¿Me vas a dejar botado?, le dijo Mauricio Francisco Suazo Mejía, como pidiendo ayuda. Tenía tres semanas de haberse ido a Estados Unidos y en su casa llevaban varios días sin saber de él. Se despertó llorando y empezó a buscarlo.

El 5 de mayo, algunos hablaron por teléfono con sus familiares, pidiendo dinero porque habían sido secuestrados y estaban en una casa en Tamaulipas, donde había alrededor de 53 personas.

El 13 de mayo, justo un mes después de iniciar su viaje, fueron ejecutados. Pero sólo Mauricio Francisco Suazo Mejía, Fabricio Anabel Suazo Padilla, Javier Edgardo Tejeda Vásquez, Ramón Antonio Torres Castillo, Elmer Saíd Barahona Velásquez, Heber Josué González Betancurth, José Enrique Velásquez Zelaya y Leonel Dagoberto Rivera Cáceres han sido identificados y ya tienen su tumba en La Paz, Honduras.

“El coyote (traficante de personas) los entregó”, dice Lourdes María. “El coyote se salvó y el que andaba con él también. Regresaron diciendo que habían matado a Elmer Saíd, hijo de la profesora jubilada Vitalina Velásquez, y que habían cortado su cuerpo con un sierra. Nosotros vimos las imágenes en Internet y no podíamos creerlo. Aquella foto con tres cabezas que fueron dejadas frente al palacio municipal.

¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Todos somos hijos de Dios. Tanto daño le están haciendo a México, un país desprestigiado; mire esos 43 normalistas (de Ayotzinapa) desaparecidos; a mí me duelen también esos estudiantes. Hacen cosas horribles, pero nosotros seguimos pidiendo justicia. Queremos que se identifique a todos, pero van tan lento; no es justo.

Efectivamente, el trabajo no avanza, coincide en entrevista con La Jornada Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho: “Hemos acompañado todo el trabajo de identificación y entrega de restos que fue hecho por la Comisión Forense hondureña en un convenio firmado por la Procuraduría General de la República (PGR), el equipo argentino y cerca de 11 organizaciones de la región para que, en primer lugar, se priorizara la identificación de restos.

El convenio se firmó en agosto de 2013, pero no avanza. Después de que se logró hacer la entrega de los restos, hubo un acto en Honduras de parte de la Comisión Forense, y a partir de allí los familiares de algunas víctimas están haciendo peticiones en términos de justicia, algo que no llega, ni tampoco la reparación del daño.

El problema, dice Ana Lorena Delgadillo, es que no ha habido una investigación efectiva, ya que los expedientes siguen tanto en el fuero común como en el federal: Está división de los casos entre fuero común y fuero federal, lejos de favorecer una investigación integral, lo que hace es dividir a las autoridades en investigaciones independientes que no se comunican entre sí, sin estrategia clara hacia dónde van.

Añade: No ha habido una claridad de quiénes son los responsables, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? y ¿Por qué pasó eso? Son preguntas básicas de los familiares de las víctimas. No hay una investigación enfocada a la delincuencia organizada, alrededor de lo que venía ocurriendo con los migrantes en años anteriores en Tamaulipas.

Para Delgadillo, lo sucedido en Cadereyta es una masacre olvidada por el Estado mexicano: Esta es la tercera masacre de las que tenemos conocimiento. La primera fue la de los 72 de San Fernando; la segunda, las fosas clandestinas en ese mismo lugar, y aún no hay una vinculación de estos hechos para poder tener un análisis del contexto de violencia que esta viviendo la población migrante en esa zona.

Comenta que no existen protocolos que unifiquen el trabajo: Los ministerios públicos no se comunican entre sí. Por ejemplo, si uno tiene información, no se la pasa al otro; no hay una colaboración efectiva. Además, las familias están en Honduras y no tienen ninguna forma de tener una comunicación directa con los agentes del Ministerio Público o con quien esté investigando.

Sin apoyo institucional

A pesar de que ya han pasado más de tres años de la masacre, las instituciones mexicanas no responden, afirma Delgadillo: “Las familias han presentado escritos a la CNDH y ya están registradas ante la CEAV, pero no hay respuesta.

“¿Por qué a estas alturas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se ha acercado a ver todo el tema del apoyo y los derechos establecidos en la ley a que tienen derecho los familiares?, porque varios de los muertos dejaron hijos.

¿Por qué la CNDH no ha emitido una recomendación, después de todos estos años, si a veces lo hace inmediatamente después de algunos hechos?

La información clasificada tampoco ayuda a resolver el caso. La SCJN sigue analizando si desclasifica todo lo relativo a las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta.

Por información desclasificada supimos que había policías implicados. Si el Estado no cumple, se generará una responsabilidad internacional.

El pasado 18 de diciembre la PGR creó la unidad de investigación de delitos cometidos por y en contra de la población migrante, y un mecanismo de apoyo exterior de búsqueda, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, pero aún no tiene titular ni está claro el presupuesto que se le asignará.

Esperaríamos que también se establezcan estrategias claras de investigación para este y otros casos que pudieran estar conectados y que haya un nombramiento de un titular que cumpla el perfil para este tipo de hechos, que tenga conocimiento en migración y derechos humanos, y que cuente con recursos humanos y materiales para llevar a cabo el trabajo requerido por todas las víctimas de Centroamérica, para que finalmente sus casos sean atendidos.

Explica que no deben olvidar que estos grupos de migrantes son los más marginados en la región y los más excluidos en acceso a la justicia y derecho a la verdad: La masacre de Cadereyta no se debe olvidar, seríamos muy desconsiderados porque es un hecho de tal magnitud, con tanta crueldad, con tanta saña, que ha causado tanto dolor a estas familias que han quedado en el olvido. ¿Qué hace falta para que las autoridades le den la importancia que tiene en investigación y atención a las familias?

Lourdes María Suazo reivindica la identidad y la historia de su hermano masacrado. Tenía 41 años, era casado. Dejó una niña de cuatro años en Estados Unidos y un niño de 10 en Honduras: Mi hermano era bueno. Nos contaron que durante el viaje iba cuidando a una muchacha salvadoreña embarazada, a quien también asesinaron. Mi mamá a ratos sigue llorando a escondidas, para no preocupar a mi papá, que ya ha estado internado dos veces. Somos 10 hijos, seis varones y cuatro mujeres, seguimos contando a Mauricio Francisco, porque él está vivo en nuestros corazones.