Madrid.

El ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés permanecerá en la prisión de alta seguridad de Soto del Real al menos hasta el viernes próximo, cuando está citado a declarar en el juzgado de la Audiencia Nacional presidido por Santiago Pedraz, quien dirige una investigación en su contra por al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal.

Moreira Valdés, de 50 años y con numerosos episodios turbios en su pasado político, fue detenido en el aeropuerto de Barajas en Madrid el pasado viernes, cuando llegó en un vuelo procedente de la ciudad de México.

El también ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comparte prisión desde el pasado viernes con los criminales más peligrosos recluidos en las cárceles españolas, para los que está destinada la cárcel de alta seguridad de Soto del Real. Ahí, por recomendación de los propios equipos de seguridad del Estado español, se recluye a condenados o imputados por delitos de terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos o asesinatos dolosos.

Ahí se encuentran, por ejemplo, los detenidos y condenados por acciones terroristas de los grupos islamistas, entre ellos algunos de los principales autores de la masacre del 11 de marzo de 2011 en Madrid, o los líderes políticos españoles con más acusaciones de corrupción en su contra.

El político mexicano está recluido sin derecho a fianza porque, según el juez que ordenó su detención el pasado viernes, José de la Mata (en sustitución del magistrado que instruye la causa), hay riesgo de fuga y de que se destruyan pruebas que a la postre pueden ser determinantes en la investigación.

Entre las prioridades del juez Santiago Pedraz, quien inició la investigación contra Moreira Valdés hace más de un año, está resolver los pasos inmediatos en la causa abierta en su contra, entre ellos cuándo le iba a citar a declarar como imputado.

Pedraz –según publicó el diario digital El Español, el que dio a conocer la noticia de la detención– decidió finalmente que lo citará para el próximo viernes.

Ayer, a lo largo del día, en las dependencias de la Audiencia Nacional se mantuvo la versión de que sería previsiblemente mañana el día de la comparecencia, pero a última hora de la noche algún responsable de la judicatura –ya sea del juzgado o de la fiscalía de la Audiencia Nacional– filtró la información a El Español.

Según lo conocido hasta ahora por las filtraciones de la investigación, el juez Pedraz centrará sus preguntas en los cerca de 200 mil euros (4 millones de pesos) que Moreira Valdés envió desde México a Barcelona a lo largo del 2013, cuando fijó su residencia en esa ciudad tras la muerte de su hijo, José Eduardo Moreira, supuestamente asesinado por un grupo criminal debido a un ajuste de cuentas.

El origen de la investigación en España se dio por una información facilitada por servicios policiales de Estados Unidos, que sospechaban que el ex gobernador de Coahuila elaboró un sistema de triangulación financiera entre México, Estados Unidos y España para blanquear dinero obtenido por delitos de malversación de fondos públicos. Para ello se basaron en la información obtenida de sus traspasos y movimientos de capitales facilitados por un antiguo prestanombres que fue detenido en Texas en abril de 2014, Rolando González Treviño, quien decidió asumir su culpabilidad para llegar a un acuerdo con la justicia estadunidense y señalar a Moreira como el principal responsable de la trama delictiva.

La defensa

Para afrontar sus problemas legales en España, Moreira Valdés contrató a diversos abogados, algunos de ellos de reconocido prestigio y con un largo historial de casos importantes en su haber.

Entre los defensores está Manuel Ollé Sesé, experto en extradiciones, quien fue parte crucial en la entrega de México de Ricardo Miguel Cavallo, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

Ollé Sesé representó entonces a las víctimas de la represión y defendió la doctrina de la justicia universal para juzgarlas en España. Ahora es una de las piezas clave para la defensa del político mexicano acusado de corrupción.

Además, participan otros juristas, como el mexicano Víctor Olea y Ulrich Richter Morales.