El día en que la guerrerense Nestora Salgado fue arrestada en Olinalá (23 de agosto de 2013), el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, declaró a la prensa: ‘‘La encerramos porque era un peligro para la paz social’’.

Encarcelada desde hace dos años cinco meses sin que los procesos abiertos en su contra –por secuestro, asociación delictuosa y más recientemente homicidio y robo– avancen en los juzgados, Nestora se echa para adelante en la silla: ‘‘A ver, ¿qué entiende Aguirre por paz social? ¿Cuál era la causa de la inseguridad en los pueblos? El crimen organizado que él sí protegió. Guerrero está mal. Pero no por mí, sino por sus gobernantes’’.

En el lapso que la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá ha estado en prisión, la violencia en su estado se ha exacerbado. No sólo el caso Ayotzinapa y las incontables fosas con cientos de cadáveres en Iguala y sus alrededores. Los cárteles que florecieron en las pasadas administraciones estatales matan y secuestran a diario en todas las regiones.

El ex gobernador Aguirre Rivero cayó 15 meses después de arrestar a Salgado, acorralado por los señalamientos de complicidad en el caso Ayotzinapa.

En entrevista, Nestora cuenta cómo se ve esa realidad desde una celda: ‘‘Yo quisiera compartirles algo de lo que yo he vivido aquí, en la cárcel. En Tepic, conviví con señoras presas que anduvieron en la delincuencia organizada. Estaban ahí por haber matado a personas. En una ocasión me tocó ver cuando a una de ellas le dieron la noticia de que le habían matado a un hijo. Yo la vi llorar con tanta angustia… pero también oí cuando una de sus compañeras le decía: ‘pues para que la haces de pedo (con esas palabras lo dijo). Y qué, cuando tu mataste a aquellos? Y la señora decía: ‘pero este es mi hijo. Y tenía 16 años’. Era una mujer de Tamaulipas.

‘‘No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos permitir que siga sucediendo. Yo lo que hice como parte de la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) y de la misma Policía Comunitaria, avalada por la ley, es pedir paz para México.’’

Desde que fue trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic al reclusorio de Tepepan, la salud de Nestora ha mejorado. Para el encuentro con La Jornada se arregla con coquetería. A sus 43 años –tres hijas, cinco nietos y un ‘‘esposo lindo’’, según el recuento de ‘‘la vida hermosa que tuve’’– es una mujer guapa, vehemente. Está llena de planes para su futuro inmediato, que sueña en libertad.

La denuncia que nunca pudo presentar

Nestora ha mencionado públicamente que, en ejercicio de sus funciones al frente de la Policía Comunitaria, descubrió una red de prostitución y pornografía infantil. Pero nunca pudo presentar sus pruebas y denunciar penalmente el caso.

Cuenta que el 19 de agosto de 2013 –cuatro días antes de ser arrestada en un retén militar– tenía una cita con el ahora ex gobernador Ángel Aguirre. La relación entre la dirigente y el mando estatal era ya tirante, ya que ella había decidido no ser sólo una figura ornamental y había atacado frontalmente a la delincuencia que asolaba la región.

Nestora había tocado una fibra extremadamente sensible y peligrosa. Había dado con una organización que explotaba para la trata y la prostitución infantil a jovencitas y niños de su comunidad. Tenía en su poder una evidencia contundente, que además ya había compartido con la Marina, desplegada en la cabecera municipal desde la octava Región Naval, sin que ésta actuara en consecuencia.

Se trata de dos videos grabados en los celulares que fueron confiscados a dos de las menores de edad que eran explotadas sexualmente y que sus madres habían accedido a dejar bajo la protección de la Policía Comunitaria mediante actas firmadas por los familiares de las víctimas.

‘‘Son grabaciones donde aparecen tres niños chiquitos, dos niñas como de 9 años y otras como de 13, 14... Yo me pregunto: ¿qué hubieran hecho quienes lean esta nota, como madres, como abuelas, si vieran estas imágenes? ¿Se quedarían calladas? Yo no pude.’’

Es un caso por el que no se ha abierto una averiguación previa; ni siquiera se encuentra en su expediente.

–¿Qué ha pasado con esos videos? ¿Se ha levantado una demanda judicial con ellos?

–Los tenemos. Los teníamos en nuestros archivos de la Casa de Justicia de El Paraíso. Cuando llegó el Ejército lo quemó todo. Pero yo guardo por ahí una copia. No, no hemos tenido oportunidad de presentar esas pruebas. Y no las he dado a la televisión por no lastimar más a las familias. Pero yo sostengo que ahí está el meollo. Creo que alguien muy bien parado, con protección del gobierno, está involucrado en ese tráfico de niños y de prostitución.

Nestora Salgado, el pasado 12 de enero en el Reclusorio Femenil de Tepepan, durante la entrevista con La JornadaFoto Carlos Ramos Mamahua

Cuando llega al tema de las muchachitas que ella trató de rescatar del crimen organizado y que luego la demandaron, casi rompe en llanto. En otros dos momentos vuelve a las lágrimas contenidas: cuando habla de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y asesinados. ‘‘Los considero mis compañeros’’. Y cuando describe cómo sale del penal cuando la llevan a alguna diligencia en los juzgados: ‘‘Esposada. Qué injusto’’.

Las novias de los sicarios

Conoció inicialmente a esas muchachas en octubre, en la primera etapa del movimiento, que entonces se llamaba consejo de seguridad y dependía del alcalde Eusebio Sánchez; los comunitarios localizaron la casa de un joven que tenía a unas niñas drogadas y alcoholizadas. Irrumpieron en ese domicilio, retuvieron al joven y lo entregaron a la policía municipal. Media hora después, la policía liberó al infractor y lo sacó del pueblo.

Los comunitarios trasladaron a las chicas al aula de un colegio de monjas, con permiso de sus mamás. ‘‘Pedimos que estuviera presente el presidente municipal y el agente del Ministerio Público, quienes no quisieron ir. Sólo nos acompañó una abogada.

‘‘Las muchachitas nos dijeron que sus novios, conocidos sicarios, tenían la protección del alcalde y el síndico procurador. Y que estos jóvenes, que eran sicarios, tenían una lista de personas para asesinar. Yo estaba en esa lista.’’

Entonces el consejo de seguridad decidió independizarse de la alcaldía. ‘‘Ya no nos sentíamos seguros con el edil. Pedí asesoría a los abogados de Tlachinollan y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. De San Luis Acatlán fueron a darnos talleres, a enseñarnos el marco de la ley 701 de Guerrero, que reconoce a las policías comunitarias’’, narra Nestora.

Así empezó un proceso organizativo que duró nueve meses y que culminó con el reconocimiento de la Casa de Justicia de El Paraíso, que abarcaba mediante un sistema policiaco autónomo varias localidades de La Montaña y la Costa Chica como parte de la CRAC.

También recibió el espaldarazo del gobernador Aguirre, quien le dio dos camionetas nuevas con logotipo CRAC-PC; 28 armas R-15 que de inmediato registraron en la Secretaría de la Defensa, y un cheque por 300 mil pesos para comprar uniformes para sus policías. Se sumaron cerca de 200 agentes. ‘‘¿Qué duda podía yo tener de que había algo ilegal en lo que estaba haciendo?’’

Diez meses después volvieron a saber de las jóvenes, cuando (el 9 de junio) sus mamás se presentaron en las oficinas de Nestora. Hacía dos días que no sabían nada de sus hijas. Los comunitarios las localizaron en Tulcingo, Puebla. Cuando regresaron a Olinalá sus madres las llevaron directamente a la comandancia.

Hubo un nuevo interrogatorio a las menores. Esta vez ellas confesaron que sus ‘‘novios’’ las llevaban a Tulcingo a ejercer la prostitución; dieron detalles y algo más: los videos de sus celulares. Tres de las madres pidieron que la CRAC se hiciera cargo de las niñas, que las enviaran al sistema de reeducación, con sede en El Paraíso. El Consejo Olinalteco accedió a condición de que cada familia firmara un acta de conformidad. Todas firmaron.

Días después, la alcaldía ofreció 20 mil pesos a cada familia a cambio de que acusaran a Nestora de secuestro.

‘‘Sí arresté personas. Eso no es delito’’

En dos años cinco meses que Nestora Salgado ha estado presa ha habido más de 20 audiencias. Ninguno de sus acusadores se ha presentado a declarar. Desde que está en Tepepan, hace ya siete meses, se ha citado a siete audiencias. El 2, 3 y 4 de febrero están programadas nuevas.

A estas deberían comparecer, entre otros, un carnicero de Olinalá, Eugenio Sánchez, sobrino de un ex alcalde, detenido por la Policía Comunitaria el 9 de junio de 2013 por sospecha de robarse una vaca, y el síndico Armando Patrón, sospechoso de un doble asesinato y también de abigeato.

‘‘Yo sí arresté personas, lo reconozco. ¿Eso es delito? No lo es’’, concluye la acusada.

(Leer la versión completa en La Jornada en línea)