Monterrey, NL.

La administración municipal que encabezó la panista Margatita Arellanes contrató servicios legales para blindar a 50 funcionarios contra actos jurídicos por tres años, con costó de casi 8 millones de pesos. Además, se detectaron vehículos en poder de ex empleados, computadoras extraviadas e inconsistencias en reportes financieros y en tabuladores de sueldos, denunció el alcalde Adrián de la Garza Santos.

El edil priísta explicó que esta es la segunda parte de una auditoría externa a las actas de entrega-recepción del ayuntamiento regio, y los resultados finales se darán a conocer el día último de enero.

Del resultado, indicó, se determinarán las acciones legales contra quienes resulten responsables de ilícitos, y no descartó que la actual Contraloría municipal envíe citatorios a funcionarios de la anterior administración. Precisó que el contrato de servicios legales para proteger a los ex funcionarios municipales tiene vigencia hasta el 30 de octubre de 2018.

Lo que estamos haciendo es revisar el acta de entrega-recepción, tenemos el compromiso con la opinión pública, y de informar el 15 de enero lo que encontramos. Reiteró que el último día de este mes van a tener las conclusiones para proceder legalmente

En conferencia de prensa en el palacio municipal, De la Garza Santos dijo que hay 596 bienes municipales bajo resguardo de personas que ya no forman parte del ayuntamiento, en algunos casos desde 2012.

Especificó que hay cuatro vehículos que no han sido encontrados, así como un pasivo de 46.7 millones de pesos sobre las retenciones que se hacían vía nómina a los empleados municipales por pensiones, cuotas sindicales, seguros y servicios médicos.