a constitución del Congreso de España emanado de las elecciones del pasado 20 de diciembre inauguró ayer una nueva etapa en la vida política institucional de la nación ibérica, por lo menos en lo formal, con la irrupción de dos fuerzas políticas emergentes en el hemiciclo legislativo: Podemos, de izquierda, y Ciudadanos, de derecha, y la situación inédita de que ninguna fuerza partidista alcanza por sí misma la mayoría necesaria para formar un gobierno, según la aritmética del modelo parlamentario.
El pluralismo que se refleja en la integración de las bancadas legislativas –y que resulta, en principio, indicativo de una sociedad española que ha dejado de creer en los partidos políticos tradicionales, el Popular y el Socialista Obrero Español– podría, sin embargo, no traducirse inmediatamente en un recambio de las formas anquilosadas de gobernar en aquel país. En efecto, al entusiasmo y la esperanza renovadora que surgieron a partir del 20-D siguió un golpe de realismo político, con la designación del socialista Patxi López como presidente del Congreso de los Diputados, resultado de una evidente componenda entre el PP –que se abstuvo de presentar un candidato–, el PSOE y Ciudadanos, que votaron a favor del ex lendakari vasco. De esa forma, la cámara baja será encabezada, por primera vez desde la transición, por un político no perteneciente al partido más votado.
Dada la actual correlación de fuerzas, y ante el rechazo declarativo del dirigente socialista, Pedro Sánchez, por suscribir una alianza con los populares para conformar un nuevo gobierno, se mantiene abierta la posibilidad de que España tenga que asistir a la brevedad a nuevas elecciones. Sin embargo, diversos analistas de la política ibérica no descartan la posibilidad de que los dos partidos tradicionales terminen por negociar una coalición para mantener el control sobre La Moncloa y para evitar, por la vía de la realización de nuevos comicios, una debacle electoral mayor a la que sufrieron en la jornada del 20 de diciembre.
Semejante perspectiva da cuenta de un empecinamiento de la clase política tradicional en España por desoír el claro mandato con sentido de cambio que se expresó en las urnas en el 20-D y por rechazar una realidad innegable: que el mapa político bipartidista, forjado durante la llamada transición de la dictadura a la democracia formal y consolidado en los lustros siguientes, ha quedado atrás, y ahora la ciudadanía española demanda entrar en un periodo de pluralidad real y de competencia política efectiva.
Lo cierto es que la conducción de las políticas económicas y sociales en ese país europeo demanda un viraje claro y definido hacia la sociedad y una toma de distancia con respecto a los intereses corporativos y financieros, que han causado estragos en la población española, y ni el PP ni el PSOE cuentan, según se ha visto, con la capacidad y la voluntad política para dar semejante viraje. Es clara la necesidad de que la renovación de la política parlamentaria tradicional en España vaya mucho más allá de la dimensión meramente discursiva y simbólica, so pena de que la institucionalidad de ese país vea aún más mermada su representatividad y credibilidad.
