Diputados y senadores de PRI y PAN expresaron que los recursos legales interpuestos por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera podrían retrasar durante varios años la extradición a Estados Unidos.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, sostuvo que primero debe ser juzgado y sentenciado en México, para que cante; queremos conocer quiénes en el país y en el extranjero han sido sus cómplices, sus socios. Que diga cuáles fueron sus relaciones con el poder público que lo solaparon y que le permitieron alcanzar este enorme poder.

En entrevistas por separado, el vicecoordinador del PRI, Enrique Jackson Ramírez, dijo que la recaptura del narcotraficante deberá ser uno de los primeros temas que aborde la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, de la que forma parte.

También, acotó, la agenda de la comisión debe ir más allá de la recaptura de ese personaje, e incluir temas de seguridad nacional, entre otros la lucha contra el terrorismo y el tránsito de personas hacia Estados Unidos.

El senador panista Roberto Gil insistió en que, además, en caso de que se decida la extradición de Guzmán Loera, antes el gobierno federal debe obtener la información sobre sus conexiones financieras y la red que le permitió su fuga en julio pasado.

El tema de la extradición será largo, no se resolverá en el corto plazo. Es una batalla jurídica, es una defensa que los abogados del señor Guzmán Loera van a intentar, y el Estado tiene que ofrecer sus propios argumentos y justificar sus decisiones, expuso.

Por su parte, Barbosa añadió que el dinero de El Chapo “no está enterrado; está metido en el sistema financiero mexicano e internacional. Guzmán Loera, insistió, debe ser juzgado en México, y así como el gobierno federal ha publicitado su detención, su juicio debe ser público, que permita conocer todos los vínculos, todos sus socios, toda la red de complicidades.