Buenos Aires.

Dos abogados dedicados a derechos humanos y sociales, con el patrocinio de la ex jueza del Tribunal Oral Federal de San Martín, Lucila Larrandart, denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, por el delito de abuso de autoridad por la designación por decreto simple de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en comisión en la Corte Suprema.

La denuncia advierte que si ambos juristas asumieran los cargos para los que fueron designados por decreto, estarían cometiendo el delito de usurpación de autoridad.

Pablo Llonto y Eduardo Tavani presentaron su denuncia ante un juzgado federal, recordando que el “artículo 248 del Código Penal establece penas de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes. Hacen referencia al artículo 246 que fija prisión de un mes a un año e inhabilitación para quien asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente.

Según la denuncia, la designación de dos jueces de la Corte por decreto constituye un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio de la ley suprema y la decisión por decreto no a uno, sino a dos jueces en comisión significaría una palmaria injerencia en el desempeño independiente de los jueces de la Corte así designados, cuyas funciones podrían llevarse adelante con temor o dependencia. Añaden que el gobierno desdeñó las alternativas dentro del sistema institucional.

El diputado Héctor Recalde, líder del bloque del opositor Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara, advirtió que “desde que asumió la presidencia Mauricio Macri (10 de diciembre pasado) sólo se ha manejado por decretos, lo que “tiende a convertir su administración en un gobierno de facto”.

Recalde sostiene que uno de los temas fundamentales para este nuevo año será frenar los decretos autoritarios e inconstitucionales con los que se despachó el gobierno. Nosotros (el FvP) vamos a ayudar a la gobernabilidad, pero el que se tiene que ayudar es el propio gobierno que, a puro decretazo, no lo está haciendo.

El primero y más urgente de los decretos fue la modificación de los ministerios, cuando creó la cartera de Hacienda y Finanzas Públicas (a cargo de Alfonso Prat Gay), y de allí en adelante se suman los decretazos. Esto sorprende cuando Macri hablaba de un cambio en defensa de la institucionalidad, que está violando en forma permanente.

Uno de los últimos decretos duró sólo unas horas. Las unificación de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca) con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y pasadas al Ministerio de Comunicación, el pasado 30 de diciembre fue rechazado por el juez Luis Arias de La Plata. El magistrado, en este sentido, prohibió que los nuevos interventores del organismo tomen cualquier medida administrativa.

Entre los numerosos decretos algunos resultan escandalosos como el que firmó apresuradamente para habilitar que la diputada ultraderechista Laura Alonso pueda ser la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción, ya que para este puesto debía ser abogada. En horas cambió esta obligación por un decreto de Necesidad y Urgencia, que desplazó ilegalmente la directiva anterior. Alonso es activista de ONGS que pertenecen a fundaciones del Partido Republicano de Estados Unidos y estaba actuando especialmente contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Otro caso tan personalizado como este es el decreto, que se firmó en los últimos días, para poder nombrar a un ciudadano estadunidense en la Dirección de Informática de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia.

Por decreto de Necesidad y Urgencia designó a Marcos Molina Viamonte, nacido en Estados Unidos, cómo director de ese organismo, pidiendo una excepción a la ley de empleo que prohíbe que personas de nacionalidad que no sea la argentina ingresen a trabajar en la administración pública nacional.

Hay otra realidad que preocupa. Tanto los periodistas Horacio Verbitsky como Raúl Kollman, de Página 12, advierten sobre los intentos de armar juicios para afectar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, ya está andando una maniobra para reflotar el caso de la muerte ?hasta ahora por suicidio? del ex fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, con lo que intentaron provocar un golpe de Estado y la destitución presidencial lo que fracasó.

Pero también el tema ya largamente superado del memorándum firmado por Argentina e Irán, para tratar de esclarecer a la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA). Incluso en Página 12 se publicó sobre una grabación ilegal, que no decía nada especial, por la cual se quiere intentar un juicio por traición a la patria contra el ex canciller Héctor Timerman.

Se intenta llevar a juicios a la ex presidenta, aunque no haya pruebas. “Es una exigencia del grupo Clarín que la persiguió durante ocho años todos los días”, denuncia un grupo de abogados que están advirtiendo, no sólo sobre este caso, sino sobre la persecución política, que significa la ilegal revisión de los contratos de trabajadores y la pertenencia ideológica.

Ya son varios los analistas que comparan este momento con el golpe militar de septiembre de 1955, que derrocó al segundo gobierno del general Juan Domingo Perón. La llamada Revolución Libertadora, persiguió de la misma manera a los trabajadores y fusiló a militares y civiles que intentaron rebelarse.