En lo que será la última sesión del periodo ordinario en el Senado, PRI, PAN y PVEM pretenden aprobar la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos contra Hidrocarburos, una minuta proveniente de la Cámara de Diputados, que considera sabotaje la realización de manifestaciones y movilizaciones fuera de las instalaciones petroleras.

Los senadores Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del PRD, denunciaron que hay otros puntos preocupantes en esa minuta, entre ellos la legalización del robo de gasolina y gas, ya que se permitirá a los vendedores y expendedores márgenes de error de 1.5 a 3 por ciento, y se califica de información reservada toda la relativa a la industria energética, por motivos de seguridad.

La ley, cuyo autor fue el senador priísta Omar Fayad, tenía un agregado al artículo 40 del Código Penal Federal –donde se tipifica el delito de sabotaje– en el que se señala que en ningún caso se podrá considerar sabotaje el derecho a la manifestación, expresión de las manifestaciones e ideas. Pero la frase, detalló la senadora Padierna, fue eliminada por los diputados, que además establecieron la reserva de toda la información relacionada con el sector energético, lo que significa que no se podrán conocer los contratos firmados con petroleras extranjeras, ni despidos de personal, ni nada.

El senador Encinas resaltó que eso es justamente lo que impedimos que el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, introdujera en la Ley General de Transparencia. Es una vergüenza lo que han hecho en la Cámara de Diputados, no pueden introducir en una ley sobre el robo de hidrocarburos una reserva sobre seguridad.

Agregó que espera que, en caso de aprobarse, el Instituto Nacional de Transparencia pueda controvertir esa disposición.

Según la senadora Padierna, se criminaliza a los consumidores, ya que se sancionará a quien compre gasolina robada por complicidad, sin considerar que en comunidades alejadas se surte en pipas y los habitantes no saben si el vehículo es de Pemex o no.

Ayer en el Senado se aprobaron 18 dictámenes, entre ellos el que crea la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la reforma a la Ley General de Salud, y el que integra la Comisión Especial sobre la Constitución, encabezada por el priísta Raúl Cervantes, que en el centenario de la Carta Magna definirá si es necesaria un nueva ley suprema. Además, comparecieron en comisiones los ocho embajadores y cónsules recién nombrados por el Ejecutivo.