La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) determinó este jueves que no impugnará la decisión de la juez Rosa María Cervantes Mejía, quien la semana pasada negó la orden de aprehensión contra el ex subsecretario de Gobernación y ex dirigente del Partido Verde Arturo Escobar y en cambio pedirá a la juzgadora que le devuelva el expediente para perfeccionar la acusación y pedir otra orden de captura.

Sin dar mayores detalles, la Fepade difundió anoche un comunicado de dos párrafos, en el que sólo dijo que el fiscal Santiago Nieto consideró pertinente no agotar el medio de defensa previsto por la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional.

La juez Cervantes negó la semana pasada a la Fepade, de la Procuraduría General de la República (PGR), la orden de aprehensión contra Escobar, en el caso de la distribución de 10 mil tarjetas de descuento Premia Platino durante la pasada elección federal.

Imputación errónea

A decir de fuentes judiciales, la titular del juzgado decimoprimero de distrito de procesos penales federales rechazó otorgar la orden de captura al estimar que la Fepade imputó a los acusados un tipo penal que no es el adecuado para la conducta presuntamente denunciada.

La Fepade acusó a Escobar de destinar o recibir aportaciones de dinero en favor de un candidato, precandidato o partido, no obstante que el hecho presuntamente delictivo fue firmar un contrato con la empresa Proyectos Juveniles.

El fallo fue dictado poco antes de la medianoche del martes y notificado este miércoles a la fiscalía.

El delito que presuntamente cometió está previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona de 5 a 15 años de prisión a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista la prohibición legal.

En la petición de orden de aprehensión que le fue negada a la PGR, la Fepade intentó acreditar que el 18 de febrero el ex subsecretario contrató a la empresa Proyectos Juveniles por un monto de 2.3 millones de pesos para la elaboración y entrega indebida de las tarjetas. Lo hizo durante la precampaña y en su calidad de representante del Verde.

La Fepade también pidió la aprehensión de los apoderados legales de las empresas que elaboraron y distribuyeron las tarjetas, identificados como María Guadalupe Robles Ponce, de Proyectos Juveniles; Ramiro Quintero Ramos, de Multiservicios de Excelencia, y Pablo Oliver Robles, de Cards & Systems Solutions.