Cancún, QR.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció una profunda revisión al sistema de justicia laboral y el envío al Congreso de una iniciativa de reforma en esa materia el próximo año. Los cambios incluirían a las juntas de Conciliación y Arbitraje de los ámbitos federal y estatal.

En la 19 Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió una realidad mexicana: En muchos casos, la justicia que resuelve las controversias entre trabajadores y empleadores aún, hay que decirlo y reconocerlo, es lenta, costosa y de difícil acceso.

Si bien elogió la reforma laboral aprobada en 2012, el mandatario señaló: Hay casos en que representantes legales de trabajadores buscan aplazar indebidamente los juicios laborales, no para favorecer al interesado, sino para encarecer el litigio y obtener beneficios a costa, o de los trabajadores o de la empresa.

Habló entonces de la decisión de revisar a fondo el sistema en materia de trabajo, con apego a principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, equidad y eficiencia.

Estamos abiertos a discutir y revisar todo lo que sea necesario para lograr ese propósito, dijo Peña, y lo inscribió como parte de los Diálogos por la justicia cotidiana. La iniciativa de reforma en materia de justicia laboral se presentará en el primer periodo ordinario de sesiones de 2016.

Certeza jurídica y productividad

Justicia laboral efectiva, pronta y expedita –agregó– permitirá a México dar certeza jurídica a trabajadores y a empleadores y, con ello, elevar la productividad y la competitividad económica, así como la calidad de vida de las familias mexicanas.

En ese acto, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, asumió la presidencia por dos años de la Conferencia Interamericana. En su intervención, habló de los retos en materia laboral de esta región, todavía la más desigual del planeta.

Ubicó una tendencia a la desaceleración económica a partir de 2014 y de lo cual ha derivado en el registro de 130 millones de trabajadores informales y una desproporción marcada ente la participación de hombres y mujeres en la fuerza laboral y las tasas de ocupación; existe 13.3 por ciento de jóvenes en desempleo y entre 80 y 90 por ciento de la población con discapacidad no tiene trabajo.

Datos aportados para esta misma conferencia resaltan además el aumento de la desigualdad en términos de ingresos: en el mundo, 10 por ciento de los más ricos ganan entre 30 y 40 por ciento de los ingresos totales, y el 10 por ciento más pobre gana 2 por ciento. Asimismo, la tercera parte de los hogares mexicanos con mayores ingresos poseen 62.5 por ciento de los ingresos totales.

Peña y Navarrete resaltaron el crecimiento de los niveles de empleo formal en México en más de 1.7 millones, así como el acumulado de 25 meses consecutivos sin el estallido de alguna huelga federal; 500 mil infantes han salido de trabajar y una reducción de 14 por ciento en defunciones relacionadas con accidentes de trabajo en el periodo 2012-2014.

De acuerdo con el titular del Trabajo, a partir de 1976 y hasta este año, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida de casi 75 por ciento. Ahora, aseguró, la política pública ha revertido esa condición, y ya se recuperó 5.5 por ciento.

Neil Parson, representante de la OEA, habló de las metas trazadas para acabar en 2025 al trabajo infantil; vincular trabajo adolescente con crecimiento económico y desarrollo sostenible, y combatir la desigualdad y la discriminación laboral, sobre todo cuando, subrayó, los ingresos del trabajo son la única fuente para la mayoría de las familias de la región.