l realizar un balance sobre la jornada inaugural de emisión del primer paquete de Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó ayer que se colocó entre los participantes del mercado bursátil un monto total de 8 mil 581 millones de pesos en estos nuevos bonos, a una tasa fija de 8 por ciento y una vigencia de 23 años.

Para poner el dato en contexto, debe recordarse que los referidos instrumentos financieros son concebidos como una forma de ampliar los alcances de la reforma educativa, que permitiría alcanzar un total de 50 mil millones de pesos a 2018, con la supuesta intención de dignificar las escuelas públicas de nuestro país.

Por principio de cuentas, y aun concediendo que las intenciones declaradas por el Ejecutivo fueran las mencionadas –lo cual resulta cuando menos cuestionable–, cabe dudar de la pertinencia de la emisión de los referidos bonos en un momento en que la deuda pública ha alcanzado cifras exorbitantes, impulsada por la ligereza e irresponsabilidad con que la manejaron las administraciones federales panistas y el desempeño errático de la Presidencia actual en la materia. En efecto, aunque el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se empeñe en negar que los instrumentos financieros referidos impliquen un mayor endeudamiento, es difícil concebir de otra manera una medida que coloca los recursos para la infraestructura educativa a merced de las turbulencias financieras del capital especulativo y que violenta, en ese sentido, el espíritu del artículo tercero constitucional, según el cual el Estado debe ser el rector en materia educativa e invertir presupuesto público necesario en este ámbito.

Por otra parte, no debe pasarse por alto que la fuente de pago de los bonos de infraestructura educativa es el Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) de las entidades federativas, lo que implica que los instrumentos financieros comentados se garantizarán mediante mecanismos equiparables a la hipoteca de los recursos de las entidades en materia educativa.

El gobierno federal se hace un flaco favor al justificar la emisión de estos certificados a partir de las condiciones ruinosas que experimentan muchos de los planteles de educación pública. Si al día de hoy las escuelas padecen carencias en infraestructura, no es por otra razón más que la continuidad de un modelo económico que preconiza el abandono deliberado de las obligaciones del Estado en materia educativa, reflejado en un evidente desdén presupuestal que provoca las condiciones ruinosas en que se encuentran los planteles.

El fortalecimiento de las responsabilidades públicas en materia educativa es una medida de obvia necesidad y de carácter impostergable que debe comenzar con la reorientación de la política económica; la redignificación de la enseñanza pública y su articulación efectiva con el desarrollo nacional, y con el combate frontal a la corrupción, así como la democratización sindical. Sin medidas como las señaladas, no habrá programa que alcance para superar los rezagos educativos del país, y los recursos públicos destinados a la educación seguirán siendo arrojados a un barril sin fondo.