or el exitoso proceso de amparos, los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional cubiertos por el artículo 10 transitorio de la Ley-ISSSTE que, venturosamente, no optaron por la Afore-Pensionissste (casi todo el apartado B), tienen garantizada su pensión –en responsabilidad del gobierno federal– con tope de 10 salarios mínimos.

Tras 18 años de operación, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es un sistema de ahorro obligatorio, pero no uno capaz de garantizar pensiones dignas. Usa los recursos pensionarios de sus dueños, con los que financia a gobierno y privados, pero sólo les devuelve una pensión de un cuarto de su último salario devengado.

El SAR tiene efectos positivos sobre los mercados de capitales. Pero, como ha observado la Organización Internacional del Trabajo, los sistemas de pensiones no tienen como objetivo desarrollar esos mercados, sino brindar seguridad económica en la vejez: un derecho humano reconocido.

Curiosamente, la campaña gubernamental para autonomizar a Pensionissste se inició señalando que se trataba de garantizarle mayor autonomía operativa, normativa y de gestión para utilizar sus recursos de manera estratégica en actividades fundamentales, que beneficien a sus cuentahabientes y al crecimiento del país, según el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela.

La iniciativa de Peña, sostuvo, pretende fortalecerlo como institución ciento por ciento del Estado mexicano –entidad paraestatal financiera con personalidad jurídica propia– contratando fuerza de ventas que ofrezca mejores condiciones de atención al cliente, redes de oficinas nacionales, así como desarrollo de infraestructura tecnológica.

Después Joel Ayala, desde la FSTSE, sostuvo que no se busca privatizarlo, porque seguirá siendo del Estado. De inmediato, la junta directiva del Issste –presidida por el director José Reyes Baeza– avaló la iniciativa porque coincidimos en la parte fundamental: no privatizarlo, sino fortalecerlo.

Una vez que Jesús Zambrano –diputado perredista y presidente de la mesa directiva– turnó primero la iniciativa a la Comisión de Hacienda, reservando sólo una opinión posterior de la competente Comisión de Seguridad Social, ésta pretendió votarla en fast-track enfrentando la oposición de Morena.

Pese a que la iniciativa aclara que el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará, ni por cualquier minusvalía en el valor de las siefores que dicha sociedad administre y opere”, la Comisión de Seguridad Social avaló la iniciativa de Peña con 10 votos a favor del PRI-Verde-Panal y cinco del PRD y Morena en contra.

Ante las extendidísimas críticas, cuestionamientos, presiones sindicales sobre los legisladores y honda movilización social, la Comisión de Hacienda detuvo la discusión de la iniciativa, porque, según el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, está obligada a demostrar que con la reforma los empleados obtendrán más rendimientos y que no existe riesgo de pérdida de sus ahorros. No es un esquema privatizador. Dejamos a salvo los derechos de los trabajadores. Es simplemente una manera para que ganen más, tengan un mejor futuro. Es totalmente legal y deja garantizadas sus pensiones.

El voto aprobatorio de la Comisión de Seguridad Social que impulsaron PRI, Verde y Panal contemplaba ubicar a Pensionissste bajo la titularidad de la SHCP, quien no sólo designaría al director general y dispondrá de la facultad para nombrar a uno de los tres vocales, sino que contaría con un voto de calidad en las decisiones que asuma el consejo de administración.

Un documento que apoyaba la autonomización-Peña, signado por legisladores priístas de la Comisión de Seguridad Social –entre ellos Manuel Vallejo Barragán, secretario general del SNTSS y cuyos agremiados se benefician de la Afore-XXI-Banorte–, argumentaba que los cambios en la estructura directiva pretendían fortalecer la representación de los trabajadores proponiendo la participación de nueve vocales designados por sindicatos.

Por su parte, la diputada por Morena Araceli Damián, al cargo de la presidencia de la comisión, observó que no es necesario pasar a una empresa público-privada cuando hemos tenido experiencias lamentables en la transformación de empresas estatales a privadas, como Afore-XXI-Banorte, mientras Joel Ayala reiteraba que sería blindado con representantes de los trabajadores. ¿Cómo él? Por su parte, José Reyes Baeza –director del Issste– declaraba machaconamente que no se privatiza.

Finalmente, el 24 de noviembre, después de parlamentar con el subsecretario Aportela, los diputados pospusieron la iniciativa-Peña, para el próximo periodo de sesiones (2016).

Aunque el 2 de diciembre, la Comisión de Hacienda aprobó –con 22 votos en favor y siete en contra de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano– la reforma que desaparece a Pensionissste y crea una empresa paraestatal –cuyo consejo de administración será presidido por Hacienda– que, por cierto, puede venderla o extinguirla.

Está claro que la autonomización de Pensionissste confirma que, por las tendencias estructurales del SAR, sólo se pospone la intervención social de fondo frente a una catástrofe pensionaria anunciada.

La calidad de la deliberación parlamentaria en curso –en especial con las intervenciones de PRI-PAN-Verde-Panal– también confirma que sólo un gran debate nacional, primero ampliamente persuasivo y, después, obligadamente resolutivo, sobre ese fracaso pensionario del SAR, es inaplazable.

Lo que sigue es, en efecto, reformar las reformas, con nuevas alternativas y opciones al SAR, afortunadamente disponibles para, efectivamente, fortalecer el futuro pensionario, sobre todo de los jóvenes.

Toca ahora al Senado entrar a ocuparse del fondo del asunto, que la votación de los diputados sólo esquivó.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco