Tras dos años de injusta prisión, acusados del delito de extorsión agravada, este miércoles quedaron en libertad los jóvenes Cristel Piña Jasso, Eduardo Estrada Cardona y Leonardo de la O Ramos, luego de que la juez del tribunal oral de Ciudad Juárez, Chihuahua, Florina Isela Coronado Burciaga, ordenara su liberación por falta de pruebas.

En un hecho inédito en la entidad, durante el juicio oral la juez ordenó también dar vista al Ministerio Público Federal de los actos de tortura que sufrieron. En el caso de la joven de 25 años y madre de dos hijos, también fue torturada durante varias horas con violencia sexual por elementos de la policía de Chihuahua, hasta que accedió a confesar en un video un delito que no cometió.

Luego de sufrir al menos 15 horas de constante tortura física, sexual y sicológica, y dos días después de su detención, Cristel, Eduardo y Leonardo fueron presentados ante los medios de comunicación como parte de una banda de extorsionadores. Estos jóvenes y sus familias ahora exigen castigo para los elementos policiales que los torturaron.

De manera particular, el caso de Cristel refleja el patrón sistemático de tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes de seguridad, denunciaron Amnistía Internacional y los centros de Derechos Humanos Paso del Norte y Miguel Agustín Pro Juárez, que consideraron de suma importancia que se condene el uso de tortura como forma de investigación.

Estas organizaciones, que impulsan campañas en favor de los sobrevivientes de tortura, afirmaron que la liberación de Cristel, Leonardo y Eduardo marca una sentencia histórica en Chihuahua y crea precedente en la búsqueda de justicia en una entidad donde esa práctica es generalizada y sistemática para la investigación del delito.

Señalaron que la visibilización de este caso a escalas nacional e internacional coloca a las autoridades del estado de Chihuahua en una situación comprometedora, pues en todo momento han negado la práctica sistemática de la tortura, y, por ende, la impunidad prevalece en la comisión de violaciones a derechos humanos.

Exigieron a las autoridades que el proceso de investigación, sanción y reparación del daño sea expedito y apegado a los estándares en derechos humanos. Si no hay sanción a los responsables seguirá imperando la impunidad y prevalecerá la injusticia, advirtieron en un comunicado conjunto.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el hecho de que jueces de diferentes estados del país puedan desmontar acusaciones débiles que sólo se sustentan en confesiones obtenidas tras torturas demuestra que puede haber esperanza para el incontable número de personas torturadas y detenidas injustamente en el país.