Zacatecas, Zac.

Los 11 diputados de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) iniciaron ayer un procedimiento formal para instaurar juicio político al gobernador Miguel Alonso Reyes por transgredir la separación de poderes con la entrada de policías estatales y ministeriales, quienes lo acompañaron al edificio del Congreso cuando presentó su informe de gobierno, el 8 de septiembre.

Firmaron la solicitud los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Iván de Santiago Beltrán, Juan Carlos Regis Adame, María Eugenia Flores Hernández, Rafael Flores Mendoza y Gilberto Zamora Salas; los panistas María Guadalupe Medina Padilla y Mario Cervantes González; Soledad Luévano Cantú y José Luis Figueroa Rangel, de Morena, así como Alfredo Femat Bañuelos, del Partido del Trabajo, y César Deras Almodoba, de Movimiento Ciudadano.

Según el diputado José Luis Figueroa, el estado está quebrado y la administración de Alonso Reyes ha sido un total desastre. Por eso el gobernador solicitó al Congreso que le autorice contratar un empréstito hasta por 8 mil 900 millones de pesos, pero el PRI y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza suman 19 votos, contra 11 de sus opositores, y la ley señala que se requieren dos tercios de la votación. Les hace falta un voto.

Según el secretario de Finanzas estatal, Fernando Soto Acosta, 5 mil 700 millones de pesos se usarían para restructurar a largo plazo la deuda contraída por el propio Miguel Alonso. Los restantes 3 mil 200 millones de pesos se usarían para pagos a proveedores, al magisterio y para gasto operativo de los tres poderes del estado.

Mientras, en medios de comunicación y redes sociales se divulgó una conversación telefónica entre Francisco Escobedo Villegas, diputado federal del PRI y ex secretario general de Gobierno con el diputado local panista Cervantes González, en la cual el primero intenta convencerlo de aprobar la solicitud de endeudamiento.

El legislador panista admitió ayer que la conversación es genuina, pero negó haber recibido recompensa alguna.

El 25 de septiembre de 2013, cuando Escobedo Villegas era secretario de Gobierno, se difundió un audio en el cual diputados de la anterior legislatura discutían porque el funcionario habría repartido entre ellos cheques por 100 mil pesos a cambio de que aprobaran, sin moverle ni un pinche quinto, la iniciativa de presupuesto que el mandatario estatal envió.

Los legisladores de oposición dieron a conocer en conferencia de prensa que el gobernador ha intentado extorsionarlos en las dos semanas recientes para que aprueben el empréstito y que los han presionado Jaime Santoyo Castro, secretario general de Gobierno, entre otros funcionarios, e incluso Raúl Brito Berumen, auditor superior del estado, quien en teoría trabaja para el Congreso.

La coordinadora de la bancada del PAN, María Guadalupe Medina Padilla, exigió a Raúl Brito que renuncie de inmediato porque está en conflicto de intereses, desde que fue designado, ya que fue propuesto por Alonso Reyes. Además, ha trascendido que Brito Berumen llevó hace años la contabilidad personal del gobernador, de quien es amigo.

En tanto, Alonso advirtió que es imperioso que el empréstito sea autorizado para para pagar a trabajadores de la educación, de la salud, del gobierno, a medios de comunicación, a un sinfín de empresas y personas. De lo contrario el Estado, no el gobierno, tendrá dificultades serias.