Durante las casi seis horas que duró su comparecencia en el Senado, el procurador de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fue cuestionado por su actuación en el caso Tlatlaya, los feminicidios en la entidad y el posible conflicto de intereses que representa su candidatura a ministro de la Suprema Corte.

Lo mismo ocurrió por la tarde con otro de los integrantes de la terna de abogados del Estado, Álvaro Castro, quien sumó igualmente críticas por su actuación como subsecretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, cargo del que fue removido a petición del Senado por haber reconvenido al entonces legislador Ricardo García Cervantes.

No me explico cómo fue incluido en la terna, porque no reúne la trayectoria impecable que exige la Constitución, le indicó la perredista Dolores Padierna, luego de señalarle que no sólo se confrontó con García Cervantes por no atender a las familias de las víctimas del caso Pasta de Conchos, sino que participó en la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, lo que dejó a miles de electricistas sin empleo, y en el cierre de Mexicana de Aviación.

Fue un lamentable incidente, respondió, y el senador Javier Lozano, quien fue su jefe en la Secretaría del Trabajo, salió en su defensa y sostuvo que hizo lo humanamente posible en el caso de Pasta de Conchos. Aclaró que en realidad no lo removió, ya que lo mantuvo como coordinador de asesores.

Por la mañana, el procurador Gómez Sánchez insistió una y otra vez en que la responsabilidad de las irregularidades en la investigación del caso Tlatla-ya –donde fueron ejecutadas de forma extrajudicial 22 personas– recaen en el Ejército y la Procuraduría General de la República, versión que fue echada abajo por legisladores de PRD y PT.

El perredista Alejandro Encinas le recordó que la procuraduría mexiquense sostuvo de inicio la versión de que fue un enfrentamiento entre militares y delincuentes, que agentes de esa dependencia torturaron a las mujeres sobrevivientes y sólo después de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la procuraduría del estado detuvo a siete policías ministeriales y un agente del ministerio público, que están en libertad bajo fianza.

La senadora independiente Martha Tagle puso en duda que se combatan los feminicidios en el estado de México, como lo aseguró Gómez Sánchez, y ejemplificó con Marina Lima, asesinada por su esposo, un policía ministerial, cuyo caso la procuraduría quiso hacer aparecer como suicidio.

¿Así impartirá justicia si llega a la Corte?, le preguntó Encinas. El aspirante reiteró que “una cosa es lo que ocurrió en Tlatlaya y la actuación de los elementos militares –que en todo caso es del orden federal– y otra muy distinta es la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que actuó consecuentemente en auxilio del Ministerio Público.

Otro de los temas que más se discutieron fue su independencia del Poder Ejecutivo, donde ha laborado 25 años. Gómez Sánchez sostuvo que está libre de cualquier conflicto de interés, dijo que no pertenece al grupo Atlacomulco y rechazó que el hecho de haber colaborado con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, haya influido para su inclusión en la terna de aspirantes a ocupar las vacantes en la Suprema Corte.

Por la noche, el otro aspirante, Álvaro Castro, defendió su independencia, aunque no respondió a varias interrogantes, como la que le formuló el petista Manuel Bartlett, quien le cuestionó si después de laborar 30 años para el gobierno federal va a poder ser imparcial y conceder, por ejemplo, amparo a comunidades indígenas que estén en contra de que trasnacionales petroleras ocupen sus tierras.

Los tres candidatos, resaltó Manuel Bartlett, son empleados del Presidente.