n forma inesperada, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, del opositor Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), informó ayer su decisión de dar paso a una de las 28 demandas de juicio político en contra de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, por la presunta realización de operaciones fiscales irregulares a fin de cuadrar las cuentas gubernamentales de este año.

El anuncio es una clara respuesta a las presiones que el propio Cunha, acusado de diversos actos de corrupción, enfrenta en la Comisión de Ética del órgano legislativo, la cual amenaza con reprobarlo y destituirlo. Para que la mandataria fuera destituida se requeriría el voto de dos terceras partes de la cámara, integrada por 513 diputados, y el refrendo de 54 de los 81 senadores, algo que no parece probable.

Sin embargo, para el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que ocupa el poder desde 2003, año en que Luiz Inácio Lula da Silva llegó a la presidencia, el procedimiento legislativo en curso en contra de Rousseff constituye un nuevo y peligroso factor de descomposición, que debe sumarse a los abundantes casos de corrupción entre la clase política y en las cúpulas institucionales del país; a las masivas manifestaciones de descontento que se suceden casi sin tregua desde hace al menos tres años: al estancamiento económico que siguió al espectacular crecimiento durante los dos periodos de Lula da Silva, a la hostilidad de los medios informativos –opositores, en su abrumadora mayoría– y a la poco embozada injerencia de Washington, la cual ha quedado evidenciada, por ejemplo, en las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje a que han sido sometidas las personalidades políticas –incluyendo a la propia Rousseff– y diversas entidades empresariales del país sudamericano por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La combinación de estos factores ha generado en torno al gobierno brasileño lo que los medios dan en llamar la tormenta perfecta y coloca a Brasil en una ruta de franca desestabilización, que recuerda de manera inevitable la conjunción de manifestaciones, penuria económica y descomposición política que precedió a la caída del neoliberal Fernando Collor de Mello, hace 13 años.

Por lo demás, las severas dificultades que enfrenta el gobierno del PT muestra similitudes inocultables con la crisis venezolana y con el desgaste del proyecto kirchnerista en Argentina, que culminó con la derrota del candidato oficialista, Daniel Scioli, y en el triunfo del derechista Mauricio Macri en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, realizada el pasado 22 de noviembre.

En tales circunstancias, el solo anuncio de un inicio de procedimiento de juicio político contra Rousseff constituye un severo golpe adicional para la atribulada presidenta. Cabe esperar, por el bien de Brasil y de Latinoamérica, que el equipo de gobierno de Rousseff logre sobrevivir a la situación y concluir su mandato, y que si el tiempo del PT en la Presidencia llega a su fin, ello ocurra en las urnas y no en un tribunal parlamentario.