Durante la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la prioridad que se ha otorgado a las políticas hacia los menores pretende que tengan una vida plena de derechos y de opciones de desarrollo. Anunció que en el próximo periodo de sesiones del Congreso enviará un paquete de iniciativas de reformas a diversas leyes para homologarla a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En Los Pinos, Peña Nieto señaló que tras la instalación de este sistema, cuya finalidad es garantizar la coordinación de políticas y acciones hacia los menores en los tres niveles de gobierno, se deberá elaborar un programa nacional de protección integral a este sector para definir prioridades. De antemano, destacó la necesidad de contar con una base de datos para medir y evaluar y cuáles y cuántas acciones se siguen en cada orden de gobierno que favorezcan las condiciones de la infancia y adolescencia.

Durante la ceremonia, a nombre de los menores, Alejandra Ortega Zambrano hizo una larga lista de demandas, entre las cuales destacó: queremos que nos rindan cuentas de los gastos que se están haciendo, para ver en qué estamos avanzando, en escuelas, salud y otros temas; que nos den información de lo que se está llevando a cabo con lo que dice la ley, además de ser consultados antes de tomar decisiones.

A la sesión de instalación acudieron integrantes del gabinete, gobernadores y representantes de organismos autónomos, entre ellos el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien sostuvo que entre las tareas impostergables de este sistema está garantizar la asignación de recursos específicos para atender las obligaciones vinculadas con la infancia y la adolescencia.

Subrayó la importancia del sistema integral que permitirá el desarrollo de esquemas nacionales estatales y municipales en la materia; la creación de las procuradurías de protección para aplicar medidas de carácter preventivo y evitar violaciones a los derechos de los menores y, en su caso, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, generar un plan de restitución de derechos, dijo el ombudsman.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, destacó que el sistema tiene el fin de que México cuente con el entramado institucional necesario para diseñar las políticas públicas y definir las acciones afirmativas necesarias para garantizar los derechos de los menores.

Moreira señaló que una de las prioridades que deberá tener este sistema es la armonización de leyes federal y estatales, que operaran en la dimensión de garantizar los derechos y protegerlos.

Planteó que una de las acciones que debe priorizarse es establecer en 18 años la edad mínima para el matrimonio, a efecto de evitar que por esta vía se erradique la imposición y el sometimiento de niñas y niños que tiene tintes medievales, y dentro del cual se esconden desde prejuicios hasta abuso sexual o trata de personas.