a política laboral tradicionalmente había sido uno de los instrumentos más importantes para generar la justicia y la protección de los derechos de los trabajadores. Sin equidad no hay un desarrollo económico que sea sostenible y menos un equilibrio entre los factores de la producción. Eso es claro en un país como México, donde la pobreza y la desigualdad han crecido a niveles sin precedente y hoy más de la mitad de la población vive en condiciones de sobrevivencia.

Esta semana, los días 3 y 4 de diciembre, se celebra en Cancún, Quintana Roo, la 19 Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT), de la Organización de Estados Americanos (OEA), en lo que constituye el foro principal de discusión y de decisiones políticas más importantes en materia laboral de esta organización. En la reunión anterior, al término de la 18 Conferencia que se realizó en Medellín, Colombia, se eligió por unanimidad al secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Alfonso Navarrete Prida, como presidente de esta asociación, lo cual es una oportunidad para definir nuevos objetivos, estrategias y planes de acción para transformar las relaciones laborales y una política más justa, equitativa y de respeto a la dignidad de la clase trabajadora.

En términos políticos y de diplomacia, se afirmó que con esa elección se reafirma la voluntad del gobierno de México para constituirse como un actor responsable que permitirá consolidar los lazos de cooperación y colaboración entre los países hermanos. En ese ambiente se destacó que de ahora en adelante habrá un diálogo franco, abierto y una coordinación de esfuerzos a fin de consolidar, de la mano de la OEA, el desarrollo de políticas públicas integradas que permitan la distribución más equitativa de los beneficios económicos entre nuestras sociedades.

Todo estaría muy bien si se cumplieran en la práctica, en la vida real, esos objetivos que para los trabajadores se han vuelto inalcanzables. Porque hoy la realidad nos enseña claramente otra cosa. México en la actualidad tiene a los trabajadores con salarios de los más bajos de América Latina, cuando hace 30 años era totalmente al revés. Esto lo afirman claramente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), ambas organismos de las Naciones Unidas. Adicionalmente, los salarios en nuestro país han perdido al menos 75 por ciento de su valor durante los últimos 30 años. Esto dicho por el flamante presidente de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT). Es más, Navarrete Prida reconoce que en México los salarios suben por las escaleras, mientras que los precios y las utilidades por los elevadores, con lo cual hay una profundización cada vez más drástica de la desigualdad económica y social.

Simultáneamente, existen otras condiciones que muestran una marcada diferencia entre la política laboral y la justicia social, que es necesario revisar y corregir a fondo antes de que las contradicciones entre el capital y el trabajo se agudicen y pongan en mayor riesgo la paz laboral. Porque del discurso a la realidad hay un gran abismo que amenaza deteriorar más la pobreza y la marginación, ya que hoy cerca de 40 por ciento del total de la fuerza de trabajo obtiene un equivalente a dos salarios mínimos, es decir, poco más de 4 mil pesos al mes por trabajador. ¿Cuántas familias pueden sobrevivir en condiciones dignas con esas remuneraciones que son entre 10 y 20 veces menores a las de cualquier trabajador de los más bajos ingresos en los otros países de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá)?

Frecuentemente presume el gobierno federal que en México no se declaran huelgas, lo cual es muy relativo, y ello se festeja orgullosamente como un triunfo de la política laboral, cuando debería ser un motivo de grave preocupación en un país donde tanta desigualdad y explotación no hace sino ocultar el miedo por un tiempo, pero también el odio que se ha acumulado. En México alrededor de 300 familias controlan la mayoría del producto interno bruto. Las empresas extranjeras ejercen un control y una represión contra la clase trabajadora que no solamente violan la legislación vigente en materia de derechos laborales, sino que esas corporaciones son avaladas y apoyadas por las autoridades locales, estatales y federales, a tal grado que actúan como no lo pueden hacer en sus países de origen, reprimiendo y abusando de los verdaderos intereses humanos y de los trabajadores.

Cuando las autoridades del gobierno dicen que están fomentando el empleo, nunca explican en qué condiciones o de qué calidad, porque generalmente están basadas en la miseria de las personas y a través de un trato déspota, amenazante y abusivo. Ya en otras ocasiones he señalado que esa es una estrategia de un modelo que va al fracaso y el tiempo lo dirá.

Por otro lado, sigue fomentándose cada día más el surgimiento de las empresas outsourcing o por contrato temporal y por honorarios, que va en contra de una política duradera de empleo formal y permanente. En muchos casos continúan creciendo los contratos de protección a los que llaman laborales, cuando en verdad son de protección patronal, que fomentan la corrupción y la desigualdad aún más. No está de más señalar que las condiciones de trabajo, en esos casos la seguridad, salud e higiene, están totalmente descuidadas y abandonadas, porque nadie les exige nada, ni siquiera los mínimos que marca la ley.

Finalmente, otra contradicción fundamental que existe en el discurso oficial es que la autoridad laboral, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, recientemente publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de noviembre, la cancelación y limitación de los derechos de los trabajadores de las entidades paraestatales para contar con un contrato colectivo de trabajo y ejercer el derecho a la huelga, contrariando los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva respectivamente. Así son los casos en contra de los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, entre otros.

En estas condiciones, la reunión de ministros del trabajo de Estados Unidos y América Latina tiene un gran reto: alcanzar la equidad en el menor tiempo posible y definir cuántos años va a tomar recuperar el poder adquisitivo real del salario de los mexicanos y los latinoamericanos.