Los seis candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto comparecerán ante comisiones del Senado la próxima semana, en medio de críticas de organismos y de legisladores que consideran que no cuentan con el perfil para integrarse al máximo tribunal y garantizar independencia del Poder Ejecutivo.

Los más criticados han sido los integrantes de la segunda terna, la denominada por el propio Peña Nieto como la de abogados del Estado. Se trata del actual procurador de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime Gómez, que se ha dedicado a defender su actuación en el caso Tlatlaya y a responsabilizar al Ejército de las irregularidades; el ex procurador fiscal Javier Laynez y el ex subsecretario del Trabajo Álvaro Castro.

Los tres son empleados, son incondicionales del Presidente de la República, por lo que el nombramiento de alguno de ellos llevará la Suprema Corte a estar totalmente subordinada al Ejecutivo, advirtió el senador Manuel Bartlett.

Agregó que en la terna de mujeres, hay ya una favorita, que también responderá a los intereses de Peña Nieto. Destacó que no debe permitirse que los lugares que dejan Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza sean ocupados por ex funcionarios de negro historial, que no tienen carrera judicial, ni antecedentes para impartir justicia al más alto nivel.

Bartlett resaltó que la terna de hombres es inaceptable, ya que no puede garantizar el pleno respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales alguien como el procurador mexiquense, que permitió todas las violaciones a garantías mínimas que se dieron en Tlatlaya, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares.

Los otros candidatos, Laynez y Castro, tienen pocos meses de que Peña los hizo magistrados en el tribunal fiscal, pero su trayectoria está en el sector público, donde han estado defendiendo las políticas y las acciones tanto del ex presidente Felipe Calderón como de Peña Nieto.

Va a llegar a la Corte otro Eduardo Medina Mora, cuyo nombramiento provocó tanta indignación entre la ciudadanía. Insistió en que existe el riesgo de una Corte dominada por incondicionales del Presidente. Si se imponen, ya no habrá posibilidad de un tribunal con resoluciones como la que echó abajo la ley Televisa o permitió recientemente el consumo de mariguana para usos terapéuticos, consideró el legislador.

No habrá ya posibilidad, detalló, de que prosperen las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad.

En entrevista aparte, Armado Ríos Piter, senador por el PRD, consideró que deben rechazarse las dos ternas, ya que tampoco la formada por mujeres tiene el perfil requerido, como lo demostraron durante su intervención ante el pleno, el martes pasado.

A la Comisión de Justicia, encargada de dictaminar, llegaron escritos de diversas organizaciones, entre ellos la Barra de Abogados y la Organización Alto al Secuestro, que objetan a los seis aspirantes, entre ellos a Verónica Judith Sánchez Valle, sancionada en dos ocasiones por el Consejo de la Judicatura, con amonestaciones públicas, por haber liberado sin justificación a un acusado de lavado de dinero.

Las comparecencias ante la Comisión de Justicia se inician este lunes, cuando la magistrada Sara Patricia Orea –una de las menos cuestionadas– acude a la cita con los senadores que la examinarán.