Senadores de PRD y PT consideraron que fue lamentable la justificación que hizo el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, sobre su actuación en el caso Tlatlaya, y advirtieron que buena parte de los seis candidatos a ministros, que un día antes comparecieron, mostraron que no tienen el perfil idóneo para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El coordinador petista, Manuel Bartlett, advirtió que las dos ternas deben ser rechazadas, especialmente la integrada por abogados del Estado, ya que ni Gómez Sánchez ni el ex procurador fiscal Javier Laynez, y menos Alvaro Castro, garantizan independencia frente al presidente Enrique Peña Nieto.

El senador Alejandro Encinas, del grupo parlamentario perredista, hizo notar que incluso Gómez Sánchez mintió ante el pleno del Senado al descargar en los militares toda la responsabilidad de la alteración de la escena de los hechos en Tlatlaya, donde fueron ejecutados 22 civiles, y sostener que la procuraduría mexiquense actuó con respeto a los derechos humanos.

Hizo notar que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que las tres mujeres que sobrevivieron a la ejecución fueron torturadas y la propia PGJE las obligó a declararse cómplices de los presuntos delincuentes y por ello las enviaron a un penal de alta seguridad.

Después, la Procuraduría General de la República (PGR) desestimó la pruebas de la procuraduría mexiquense y salieron en libertad, ya que eran víctimas, agregó Encinas, y destacó que no se puede elegir como ministro de la SCJN a alguien que oculta la verdad y miente frente al propio pleno del Senado.

Al respecto, el senador Bartlett recordó que incluso integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron preocupación por la posibilidad de que se nombrara a los dos ministros faltantes –al concluir los periodos de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza– por cuotas de partido o incondicionales del presidente de la República.

Expuso que el escándalo que se suscitó y la campaña ni cuotas ni cuates obligó a Peña Nieto a cambiar a quien originalmente pensaba proponer como ministro, pero envió igualmente dos ternas en las que están los candidatos afines a su gobierno. Los tres abogados son empleados del presidente de la República, de los que se quiere sacar al nuevo Medina Mora.

Igualmente, el senador perredista Armando Ríos Piter comentó que dejaron mucho que desear las intervenciones de los seis candidatos a ministros propuestos por el Ejecutivo federal. Los candidatos comparecerán ante la Comisión de Justicia a partir del próximo lunes, cuando deberán responder a los cuestionamientos de los senadores.