Por mayoría de votos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Policía Federal a elaborar y entregar en versión pública los reportes elaborados por elementos que participaron en los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, en mayo pasado, con saldo de 43 personas muertas.

No obstante, se destacó que se deben mantener bajo reserva datos que puedan poner en riesgo el estado de fuerza de la Policía Federal, la seguridad pública, así como la vida e integridad de personas, especialmente de los elementos involucrados.

El Inai modificó la respuesta que la institución dio a un particular, de que reservó la información por un periodo de 12 años argumentando, entre otros asuntos, que es parte de una averiguación previa a cargo de la Procuraduría General de la República y de una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No obstante, el comisionado ponente, Javier Acuña Llamas, defendió durante su exposición, ayer ante el pleno del instituto, que debe entregarse lo contenido en las notas informativas número 518 y 519 de los elementos policiacos que participaron en los hechos, por contener información de interés público.

Los datos que se deben reservar, de acuerdo con lo expuesto en el Inai, son: número de elementos que participaron en los hechos, equipo y armamentos con especificación del calibre de las armas, descripción de unidades móviles y números económicos de identificación de las mismas, características del operativo, nombre y firma de los policías, nombre y ubicación de los hospitales donde fueron atendidos.

También, los datos personales de los probables responsables, como nombres, edad, sexo, estado de salud, placas de sus vehículos, números de serie y el nombre de las víctimas, entre otros.

El caso generó amplia discusión entre los comisionados del instituto. Al final la votación fue de cuatro en favor del proyecto y tres en contra.

El pleno también instruyó al Consejo Nacional de Población a informar sobre el presupuesto asignado a la estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente; asimismo, al Instituto Nacional de Migración para entregar fecha de repatriación de 21 migrantes secuestrados en el Municipio Rafael de Lara, Puebla, en 2008.

De igual manera, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social le pidió realizar una nueva búsqueda de información sobre brazaletes de geolocalización utilizados en penales de máxima seguridad.